La Contraloría General de la República impuso una sanción de tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos al gerente regional de Salud, Walther Sebastián Oporto Pérez, y la administradora Miluzca Malbina Rivas Arestegui, por la entrega de bonos en el 2023.
Según la Resolución n.° 000292-2025-CG/OSAN de 21 de julio de 2025 emitida por este Órgano Sancionador, ambos funcionarios incurrieron en responsabilidad administrativa funcionar por autorizar pagos sin sustento, conducta considerada una infracción muy grave en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.
Posteriormente, Oporto y Rivas interpusieron recursos de apelación contra la sanción. Sin embargo, la Contraloría detectó omisiones en sus escritos, detallados en la Resolución N.º 000315-2025-CG/OSAN, del 15 de agosto.
En dicho documento señala que “Oporto Pérez no efectuó declaración expresa, sobre la entidad en la que se encuentra prestando servicios, o en su defecto que no está prestando servicios en ninguna entidad; en tanto que, la administrada Miluzca Malbina Rivas Arestegui, no efectuó consignación expresa de su casilla electrónica activa, tampoco efectuó declaración expresa, sobre la entidad en la que se encuentra prestando servicios, o en su defecto que no está prestando servicios en ninguna entidad”.
Mediante la resolución, el órgano de control les otorgó un plazo de dos días hábiles para subsanar los errores, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución. Hasta que esto se resuelva, la tramitación de los recursos queda suspendida.
Además, de no cumplir con las correcciones en el plazo establecido, las apelaciones serán declaradas inadmisibles y la sanción quedaría firme.
CASO
La Contraloría General de la República emitió el Informe de Auditoria N° 032-2024 en el que advirtió que se cometió un perjuicio económico de 361 mil 746 soles a la Gerencia Regional de Salud de Arequipa por la aprobación y ejecución de un programa de entrega de bonos de alimentos que no cumplía con las disposiciones legales y presupuestales vigentes.
El caso se remonta a octubre de 2023, cuando Walther Oporto Pérez, en su primera gestión como gerente de Salud, aprobó el Programa de Soporte Nutricional “Apoyo Alimentario” para funcionarios y servidores de la entidad así como de la red de Salud Islay, bajo el argumento de ser una “condición de trabajo”. Sin embargo, La Contraloría detectó que dicha aprobación careció de sustento técnico, legal y presupuestal; además, no contaba con una solicitud formal para su implementación.
Con la aprobación, se llevó a cabo la Adjudicación Simplificada N.° 07-2023-GRS-GRA-1, que culminó con la compra de 406 vales de consumo a la empresa Megacentro Carmen’s SRL, cada una de las tarjetas estuvo valorizada en 900 soles. La adquisición contó con aprobación presupuestal a pesar de las restricciones impuestas por la Ley de Presupuesto 2023, en ella se prohíbe este tipo de entregas cuando no se cumple con las condiciones de trabajo estipuladas por Servir. La entrega de los bonos se realizó entre diciembre de 2023 y enero de 2024, sin que tuviera relación directa con la alimentación del personal durante su jornada laboral.
Cabe señalar que en el informe de auditoria, la Contraloría también halló responsabilidad en Miluzca Rivas Arestegui que por entonces ocupaba el cargo de Directora Ejecutiva de Administración. Ella fue quien firmó el contrato con el proveedor para la compra de los vales, a pesar de que el Órgano de Control Institucional había advertido ya sobre la ilegalidad en la entrega de los bonos. También halló responsabilidad en el ex jefe de la Oficina de Asesoría Legal, Rolando Paucara Apaza, quien dio opinión favorable para el procedimiento de entrega, pasando por alto la advertencia del órgano de control.
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