La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa presentó formalmente la acusación penal contra el exjefe de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, y el actual prefecto de Arequipa, Francis Alarcón Gallegos, para quienes solicita un mínimo de 17 años de prisión por el caso de los “policias albañiles”.
De acuerdo con el requerimiento acusatorio presentado ante la jueza Janet Lastra Ramírez, también están involucrados el excoronel Luis Alberto Cancela Roggero, así como los mayores Rolando Andrés Rodríguez Bilbao y Claudia del Castillo Chávez. De acuerdo con la participación que cada uno de ellos tendría en el caso, se les acusa de los delitos de peculado doloso agravado, colusión agravada y falsedad ideológica en agravio del Estado.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los mandos policiales dispusieron que al menos quince suboficiales de la División de Patrullaje a Pie abandonaran sus labores operativas para trabajar como albañiles en la remodelación del patio de honor y el cenotafio de la IX Región Policial, entre agosto y noviembre de 2020. Todo ocurrido mientras Víctor Zanabria Angulo era jefe de la Policía en Arequipa.
En el documento acusatorio se detalla que el grupo de policías fue empleado como mano de obra gratuita, mientras continuaban percibiendo sus sueldos. Este hecho, según la Fiscalía, ocasionó un perjuicio económico de 143 mil soles al Estado por las remuneraciones pagadas al personal que no cumplió con su trabajo de patrullaje en las calles.
En paralelo, los jefes policiales habrían simulado una contratación formal de la obra por 17 mil 600 soles, pese a que el trabajo ya había sido ejecutado y solo había costado 4 mil 700 soles, monto acordado con el maestro de obra Clever Colquehuanca Quispe a quien únicamente le debían un saldo de 200 soles, pero que, sin embargo, le pidieron retirar el monto total (los 17 mil 600 soles) para que la diferencia se la entregara al entonces jefe de la PNP en Arequipa. El albañil devolvió todo mediante carta notarial.
PRESUNTAS RESPONSABLIDADES DE LOS EFECTIVOS
En la acusación se señala que el General (r) Víctor Zanabria Angulo, fue quien autorizó y ordenó el uso del personal policial para las labores de construcción, vulnerando la normativa que regula el empleo de efectivos. Además, habría dispuesto el pago irregular al maestro de obra y avalado la simulación de un contrato para justificar el gasto. Por su posición de mando y poder de decisión, el Ministerio Público le atribuye autoría del delito de peculado doloso agravado y colusión agravada, solicitando, como mínimo 17 años de prisión.
En el caso del Coronel (r) Francis Javier Alarcón Gallegos, actual prefecto de Arequipa, como jefe de la Secretaría de la IX Macro Región Policial, habría gestionado directamente los pagos al contratista Claver Colquehuanca, utilizando dinero en efectivo. La investigación señala que ordenó a su personal entregar los pagos y supervisó las obras, actuando como coordinador operativo del acuerdo ilícito. También habría colaborado en la valoración fraudulenta del servicio, inflando su costo real. La Fiscalía pide 17 años de prisión como mínimo por ser autor de peculado agravado y colusión agravada.
Respecto del Coronel (r) Luis Alberto Cancela Roggero, que ocupaba el cargo de jefe de la Unidad de Administración, se le atribuye responsabilidad en los procesos de contratación. Según la acusación, avaló la contratación simulada para aparentar legalidad en la obra y omitió su deber de control, pese a conocer que se utilizaba personal policial como obreros. La Fiscalía le atribuye autoría del delito de colusión agravada por el que se plantea una condena de hasta 15 años.
El mismo delito se atribuye al mayor Rolando Andrés Rodríguez Bilbao, entonces encargado de la Sección de Adquisiciones. Según la Fiscalía, tuvo un papel clave en la formalización del expediente de contratación simulado, presentado en septiembre de 2020, cuando la obra ya estaba terminada. Además, participó en la concertación con el contratista y validó documentos falsos para justificar el gasto público. Por ello se solicita una condena de hasta 15 años.
Finalmente, para la Mayor (r) Claudia del Castillo Chávez, quien era la jefa de la Sección de Patrullaje a Pie, se le acusa del delito de falsedad ideológica porque habría ordenado y coordinado la salida de los suboficiales para trabajar como albañiles, cumpliendo órdenes de sus superiores. Para ella se plantea una sancion de 242 días multa.
La audiencia de control de acusación en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la jueza Janett Lastra Ramírez, se realizará el 3 de diciembre.
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