La Defensoría del Pueblo intervino en la Municipalidad Distrital de El Tambo (MDT) para garantizar el derecho a la protesta de Rafaela Mallma, ciudadana que desde hace más de un mes permanece en la puerta del municipio exigiendo la atención de su reclamo.
La alarma surgió cuando su familia denunció un presunto intento de desalojo por parte de la comuna, lo que motivó la inmediata presencia del jefe de la oficina regional de la Defensoría, Mario De la Cruz. El funcionario recordó que la Constitución, en su artículo 2 inciso 12, ampara el derecho de toda persona a manifestarse y presentar sus reclamos, siempre que no se afecten los servicios públicos.
“La estadía de la señora no impide ningún servicio que presta la municipalidad, por lo tanto no hay base legal para disponer un desalojo”, señaló De la Cruz, quien advirtió que de ejecutarse una medida de fuerza pese a la recomendación, los responsables incurrirían en responsabilidades administrativas e incluso penales por abuso de autoridad. Además, el Defensor informó que el gerente municipal, Rubén López, habría firmado un acta en la que se compromete a respetar el derecho a la protesta de la ciudadana.
López precisó que la solicitud de retiro partió de un memorial presentado por un grupo de vecinos y que la comuna solo había consultado al procurador para evaluar la procedencia de la petición. La Defensoría del Pueblo dejó sentado que cualquier acción de desalojo carecería de sustento jurídico y que la protesta cuenta con respaldo constitucional.
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