El abogado laboralista Jorge Toyama advirtió que la inestabilidad política es uno de los principales factores que impiden el crecimiento económico sostenido y la generación de empleo formal en el Perú. Tras su ponencia en la Segunda Conferencia Regional en Derecho Laboral, organizada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Junín (DRTPE Junín), señaló que el país requiere estabilidad institucional para atraer inversión y reducir la informalidad laboral.
Declaraciones
“El Perú crecerá este año cerca de 3%, pero es insuficiente para lo que necesita el país. Con tantos cambios de presidentes, la inversión privada no llega. La inestabilidad política es el mayor enemigo del crecimiento y del empleo”, sostuvo Toyama.
El abogado precisó que el Perú debería mantener un crecimiento anual del 8% durante dos décadas para alcanzar niveles de desarrollo similares a los de otros países latinoamericanos. “El problema no es solo económico, es político. La incertidumbre espanta a los inversionistas y nos condena a la precariedad”, agregó.
Informalidad
Toyama alertó que el 71% de los trabajadores peruanos es informal, lo que limita su acceso a derechos laborales básicos. “En el Perú, tener CTS o estar en planilla se ha vuelto un privilegio. La precariedad es tan alta que algo que debería ser un derecho se considera un beneficio”, señaló.
Propuso tres medidas para enfrentar la informalidad: educación sobre aseguramiento, incentivos para las empresas formales y fiscalización en sectores informales. “Las inspecciones suelen concentrarse en el sector formal, cuando el verdadero problema está fuera del radar del Estado. Hay que ir donde está la informalidad”, precisó.
De cara a las elecciones del 2026, Toyama afirmó que el país debe debatir con seriedad qué modelo de desarrollo quiere construir, más allá de los discursos populistas. “Deberíamos exigir a los candidatos propuestas concretas para un país sostenible. El primer desafío es enfrentar la inseguridad que afecta la vida diaria y aleja inversiones; el segundo, recuperar la estabilidad institucional; y el tercero, promover una cultura de protección social que impulse el aseguramiento y la planificación del futuro”, finalizó.
