Las últimas familias que resisten en la antigua ciudad de Morococha (Yauli, Junín) enfrentan un inminente desalojo tras la decisión del Juzgado Civil de La Oroya, que declaró infundada su oposición y ordenó el lanzamiento en favor de la minera Chinalco Perú S.A.. La diligencia fue programada para este 19 de septiembre con resguardo policial y autorización de descerraje de viviendas.
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Los pobladores denuncian que se les pretende desalojar sin alternativas seguras de reubicación, pese a que la Ley 29869 exige un reasentamiento digno en zonas de riesgo no mitigable. “Nos dejan a la intemperie, entre escombros y con niños expuestos a la contaminación”, advirtió Yolit Alejo, una de las representantes. Además, señalan hostigamientos como detonaciones cercanas a sus casas y cortes de servicios básicos para forzar su salida.
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Organizaciones como Red Muqui y Passdih cuestionaron la medida por considerarla violatoria de derechos humanos. El abogado Carlos Castro alertó que un desalojo sin garantías equivaldría a un “destierro” y no a un reasentamiento, mientras las familias insisten en que no se oponen a dejar sus hogares, siempre que el traslado se haga en condiciones dignas y seguras.
