La Municipalidad Distrital de El Tambo enfrenta nuevamente una profunda crisis de gestión institucional, que genera una preocupante inestabilidad en la administración local. Según informó el regidor Percy Núñez, la comuna tambina ya no cuenta con un gerente de Seguridad Ciudadana. “Actualmente esa función ha sido encargada al gerente de Servicios Públicos, esto es preocupante, evidencia una improvisación en la administración municipal”, dijo.

Los cambios más recientes se pueden contabilizar desde el 30 de julio, cuando fue nombrado como subgerente de Obras Yorch Bernardo Reyes; sin embargo, la figura duró apenas unos días: para el 8 de agosto ya había sido reemplazado por Abner Olarte Bendezu. Ni siquiera completó ocho días en el puesto.

“Se ha batido el récord de cambios (de funcionarios). En lo que va de la gestión del alcalde Llallico se ha pasado ya los 200 funcionarios. Cambian al de Obras, al de Seguridad, al de Servicios Públicos... ¿Qué está pasando en la municipalidad?”, expresó con preocupación el regidor. La crisis no se limita a la subgerencia de Obras.

El 5 de agosto fue designado Jesús Syles Medina como gerente de Desarrollo Territorial, y la víspera el 4 de agosto se le encargó la gerencia municipal a Rícher Porras Oscategui, quien actualmente se desempeña como administrador.

Percy Núñez también advierte preocupaciones éticas por la designación de este ultimo funcionario vinculado a procesos judiciales vigentes, o con investigaciones abiertas en la Fiscalía. “Se lo he cuestionado”, comenta. Confrontado con estas irregularidades, Núñez ha anunciado que presentará formalmente su pedido al Concejo Municipal exigiendo claridad sobre los criterios detrás de estas designaciones rápidas y sucesivas. “ Voy a hacer prevalecer mi pedido. Esto no es normal y afecta directamente a los vecinos, que esperan gestión, no caos”, concluyó.

La inestabilidad administrativa no solo preocupa por su impacto en la gobernabilidad y la continuidad de proyectos, sino también por la percepción ciudadana, que ve empeorar la capacidad del municipio para atender demandas urgentes.

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