Los integrantes de la Asociación de Fiscalización y Proyección para la Prosperidad de Amarilis (AFPPA), denunciaron públicamente el uso indebido e ilegal del complejo deportivo de Paucarbamba, ubicado en la última cuadra de la Av. Micaela Bastidas, a costado del hospital materno infantil. El recinto, aún se encuentra en proceso de equipamiento, está siendo alquilado de manera irregular para actividades sociales que incluyen venta de alcohol.
Fernanda Bertha Beraún, tesorera de la asociación, señaló que la infraestructura fue entregada por el IPD (Instituto Peruano del Deporte) únicamente para la ejecución del proyecto, con el compromiso de realizar la liquidación una vez culminada la obra entregar la administración al IPD.
“Nos hemos visto obligados a denunciar esta situación porque el encargado (Antonio Pulgar) no entiende que no tiene facultad legal para alquilar. En el convenio firmado establece claramente que, terminado el equipamiento, debe hacerse la liquidación y la infraestructura al IPD”, afirmó.
Según indicó, el responsable la gerencia de Desarrollo Social del GRH, ha autorizado, el uso del recinto para eventos no deportivos, lo cual —según advierten— constituye un abuso de autoridad.
“Se han realizado actividades no deportivas, fiestas con venta indiscriminada de cerveza. El público no cuida el lugar, lo deteriora. Incluso, el césped ha sido destruido y se acumula basura en los alrededores. El colmo es que el hijo del gobernador fue promotor de una de estas actividades. ¿Dónde está el reporte de ingresos por ese alquiler?”, cuestionó Beraún.
FOMENTA INTRAN
Por su parte, Juan Espinoza Beraún, presidente de la asociación, enfatizó que el uso indebido del espacio atenta contra la tranquilidad de los vecinos y del hospital materno infantil colindante por la bulla que hacen con los eventos sociales. “Niños, adolescentes y adultos deben pagar para usar el complejo, mientras que a otros se les da permiso para vender licor, generando escándalos, peleas y vandalismo. Esto es inmoral, ilegal y éticamente reprochable”, declaró.
El proyecto del complejo deportivo se inició hace más de 16 años y, en 2013, se firmó el convenio específico n.° 060 entre el gobierno regional y el IPD para la elaboración del estudio técnico y ejecución de la obra. Dicho convenio tenía una vigencia de cinco años (2013–2018), y según información actual del IPD, ya no está vigente.
Pese a ello, el recinto sigue operativo y se continúa alquilando, sin que exista una resolución formal que respalde esas acciones. “¿Con qué facultad se sigue alquilando? Esto sobrepasa todas las normativas legales. Él (gobernador) cree que es su empresa”, concluyó Espinoza.
