Ante la reciente transición política y el llamado general contra la inseguridad, el Colectivo PAS – País Seguro – consideró imprescindible que el nuevo Gobierno y el Congreso asuman con responsabilidad y urgencia la tarea de mantenerse firmes en contra de la minería ilegal, que consideran hoy es la principal economía ilícita del país, que financia la criminalidad, genera corrupción y deteriora el medio ambiente.
Destruye ecosistemas
Señalan que, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), no es una herramienta eficaz para la formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Por el contrario, viene permitiendo el crecimiento y la impunidad de la minería ilegal, y debilitando la autoridad del Estado. El REINFO tiene como fecha límite de vigencia el 31 de diciembre de 2025. Este proceso debe concluir con transparencia, fiscalización efectiva y acompañamiento técnico para quienes sí cumplan los estándares legales.
Sin embargo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso pretendería extender la vigencia del proceso de formalización hasta el 2029. De esta manera, se continuaría encubriendo la impunidad y generando un nuevo ciclo de descontrol y debilitamiento institucional que facilita la labor de economías ilícitas.
“Lo que necesita el Perú es una Ley MAPE con verdaderos controles ambientales, laborales y sociales. Esta norma debe asegurar en primer término la protección a la salud y la vida, pasando por la trazabilidad de la producción, respeto a la propiedad privada y las leyes, sanciones por incumplimiento y supervisión permanente”, indican.
La minería ilegal en el Perú no solo destruye ecosistemas, también está asociada al crimen organizado, al tráfico de explosivos, a la trata de personas, al sicariato, al lavado de activos y al narcotráfico. Tiene impactos sociales como aumento de trabajo infantil, explotación laboral, afectación al patrimonio nacional, pérdida de impuestos, corrupción y debilitamiento de la institucionalidad.
“Si queremos enfrentar la violencia y el delito con firmeza, enfoquémonos en atacar la raíz del problema, es decir, las actividades ilícitas que financian el crimen. El Colectivo PAS está comprometido con la lucha contra la violencia y exhorta a todos los poderes del Estado a realizar acciones concretas, alentando un marco jurídico adecuado para ponerle freno inmediato y con firme voluntad política que devuelva la paz al Perú”, finalizan.
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