Un nuevo informe presentado en Ica pone en evidencia la profundidad de la crisis hídrica en el valle, y lanza una advertencia clara: la falta de agua ya no es solo un problema técnico, sino un conflicto social que afecta derechos básicos y agrava desigualdades.
Pozos en la oscuridad
El estudio, titulado “Radiografía del agua en Ica”, fue elaborado con el respaldo técnico de la organización británica Water Witness International y presentado por la Comisión de Derechos Humanos de Ica (Codeh Ica). El diagnóstico muestra cifras preocupantes: solo el 0. 5 % de los hogares tiene acceso continuo al agua, mientras que más del 85 % recibe solo el agua algunos días y otros dependen de cisternas, pozos comunales o almacenamiento en baldes.
“No se trata solo de escasez. Se trata de quién accede al agua, en qué condiciones y con qué reglas”, advirtió Carlos Silva Flores, secretario ejecutivo de Codeh Ica, durante la conferencia de prensa. “Este informe es el resultado de un trabajo colaborativo que refleja la realidad de cientos de familias que viven la crisis hídrica todos los días”.
El informe se construyó en base a encuestas, entrevistas y grupos focales en Salas, Ocucaje, Santiago, La Tinguiña, San José de los Molinos y La Tierra Prometida. Entre los hallazgos destacan que los pequeños agricultores están en desventaja: el 56 % accede al agua solo por temporada, y un 33 % debe comprarla. El sistema Ica – Villacurí extrae más del doble de agua de la que logra recargar anualmente, generando salinización y profundización de pozos.
Uno de los puntos más graves que denuncia el estudio es la opacidad en la información oficial. Se estima que hay más de 2000 pozos en el valle, pero la Autoridad Nacional del Agua (ANA) solo reconoce 1133, de los cuales apenas 170 son monitoreados. Esto deja a la región en una especie de “zona ciega” donde es imposible saber cuánta agua se extrae realmente ni cómo se distribuye.
“Uno de los grandes problemas es que ni siquiera sabemos cuántos pozos hay, ni cuántos están activos. Esa opacidad es el primer nudo que hay que desatar”, señaló Silva.
Del mismo modo, aborda de frente la tensión entre el crecimiento agroexportador y el derecho humano al agua. En los últimos 30 años, las tierras destinadas a la agroexportación han crecido 400 veces en Ica, mientras que la agricultura familiar se ha reducido en casi un tercio. La razón principal: falta de acceso al agua.
“Muchas familias simplemente no pueden seguir cultivando. Les resulta inviable, abandonan las tierras o las venden. Hay zonas donde ya ni siquiera hay cultivos porque la tierra está salinizada y no hay agua disponible”, explicó Silva.
La polémica creció aún más tras las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Ángel Manero, durante la convención minera Perumin, donde afirmó que “si hay que priorizar el agua, se priorizará primero para la minería, luego para la agricultura”.
David Heisid, investigador de Water Witness International, fue tajante: “He trabajado en varias partes del mundo, pero pocas veces he visto una situación de injusticia hídrica tan profunda como la de Ica. Detrás de este informe hay gente real, que no tiene agua suficiente ni para lavarse, y que está enfermándose por la mala calidad del agua”.
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