La magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Deyfred Javier Sánchez Mijares, investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa y del delito contra la paz pública – banda criminal, en agravio de Cristian Román Valdivia Siguas, representante de la empresa Ica Solar Energy S.R.L.
Paneles solares
La medida coercitiva fue emitida el 29 de noviembre de 2025, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que la magistrada escuchara y evaluara los fundamentos del Ministerio Público y de la defensa técnica del imputado, así como la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal.
Según el requerimiento fiscal, el 24 de noviembre, la empresa Ica Solar Energy S.R.L. recibió una llamada de un sujeto que se identificó como José Luis Marreros Arias, quien solicitó paneles solares y otros equipos, enviando un presunto comprobante de pago. La mercadería, valorizada en S/ 10,000, fue retirada en Ica por Juan Bautista Rojas en el vehículo de placa W55-746.
El 25 de noviembre, el mismo supuesto comprador solicitó nuevos equipos por S/ 8,400, que fueron recogidos nuevamente por la misma persona. Al verificar los depósitos, el representante de la empresa descubrió que ninguna transferencia había ingresado a su cuenta, por lo que advirtió estar frente a una posible modalidad de estafa previamente denunciada por otros comerciantes.
Ante ello, se coordinó una entrega controlada en la ciudad de Lima, donde la Policía intervino a Deyfred Javier Sánchez Mijares, quien iba a recibir la mercadería. Las diligencias policiales dieron cuenta de denuncias similares vinculadas a los mismos nombres y al mismo modus operandi, lo que hace presumir la existencia de un grupo de personas que actuaría de forma organizada para cometer este tipo de estafas.
La resolución judicial ordena el internamiento del investigado en el establecimiento penitenciario que el INPE designe, medida que regirá desde el 26 de noviembre de 2025, fecha de su detención, hasta el 25 de agosto de 2026, con el fin de asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso penal.
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