La magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó catorce meses de prisión preventiva contra Iván Andrés Castrillón Leiva y Wagner José Mego Pallín, investigados por la presunta comisión de los delitos de violación de domicilio, extorsión y usura, en agravio de María de los Ángeles De la Cruz Vega y Ana Isabel Vega García de Hernández.
Investigación en curso
Asimismo, se impuso prisión preventiva a Wagner José Mego Pallín por el presunto delito de receptación, en agravio de persona por identificar.
La medida cautelar fue impuesta el 20 de noviembre de 2025, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que la magistrada escuchara los argumentos del Ministerio Público y de la defensa técnica de los imputados, verificando la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia aplicable.
Según el requerimiento fiscal, los hechos se desarrollaron el 17 de noviembre de 2025, fecha en la que los investigados habrían enviado diversos mensajes con contenido amenazante a la agraviada, exigiéndole el pago de un préstamo previamente cancelado bajo la modalidad de “gota a gota”.
Entre los mensajes, los investigados adjuntaron la imagen de un arma de fuego como mecanismo de intimidación. Ese mismo día, ambos sujetos habrían ingresado sin autorización al domicilio de la víctima, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, con la finalidad de continuar con los actos de hostigamiento y cobro ilícito.
Tras una llamada de alerta, el personal policial logró ubicar a los investigados a bordo de una motocicleta cuyas características coincidían con las reportadas por la víctima, procediendo a su detención en flagrancia. Durante el registro personal, se halló en poder de Mego Pallín un teléfono celular reportado como “sustraído” en la base de datos del OSIPTEL, además de tarjetas vinculadas a presuntas actividades de préstamo ilegal.
Ambos sujetos fueron trasladados a la comisaría para realizar las diligencias correspondientes por los presuntos delitos de extorsión, usura, violación de domicilio y receptación.
La resolución judicial dispone el internamiento inmediato de los investigados en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, hasta el 16 de enero de 2027, con el fin de garantizar el normal desarrollo del proceso penal.
VIDEO RECOMENDADO
