En el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, a cargo del juez César Nilton Mayo Cortez, se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva contra el exgobernador regional Javier Gallegos Barrientos y más de 30 investigados, en el caso “Los Acelerados del Sur”, acusados de integrar una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Ica durante los últimos años.
Investigación fiscal
El caso ha generado gran expectativa regional debido al alto número de imputados, entre los que figuran exfuncionarios, autoridades locales y particulares, así como a la gravedad de los delitos imputados: organización criminal, corrupción de funcionarios y otros ilícitos vinculados al tráfico de licencias de conducir entre los años 2019 y 2024. El Estado peruano figura como parte agraviada en este proceso.
Durante la audiencia, varios abogados defensores manifestaron dificultades para acceder al expediente digital, que comprende más de 20 mil páginas. Algunos denunciaron no haber sido notificados a tiempo o no haber recibido los enlaces correspondientes para revisar la documentación.
El abogado de Javier Gallegos Barrientos señaló que recién el lunes 13 de octubre, por la tarde, recibió la notificación sobre la audiencia, junto con el requerimiento de prisión preventiva, los anexos y los folios. “No tenemos la más mínima idea de qué ha hecho el Ministerio Público en estos tres años. Esto atenta contra el derecho a una defensa adecuada”, indicó.
Asimismo, representantes legales de otros imputados, expresaron que los archivos no podían abrirse, lo que generó nuevas observaciones.
En respuesta, el juez Mayo Cortez ordenó que el especialista de causa y la asistenta judicial subsanen en el día todas las observaciones realizadas, asegurando que ningún abogado podrá retirarse sin haber verificado el acceso completo a los archivos.
Ante la magnitud del caso, el juzgado dispuso que las audiencias de prisión preventiva se realicen de forma virtual y escalonada, iniciando el martes 21 de octubre y extendiéndose hasta el 29 de octubre. Se programarán sesiones con un máximo de cinco imputados por día, debido al gran volumen de documentación —más de 900 folios solo para el debate inicial.
Entre los imputados citados para las sesiones figuran la ex directora regional de Transportes, Kenia Dongo Galindo, también el actual regidor del distrito de Los Aquijes, Luis Malqui Cavero.
Tutela de derechos
En la audiencia también se abordó una tutela de derechos presentada por la defensa de Edward Amoroto Ramos, en la que se cuestiona una posible doble persecución penal por los mismos hechos.
La defensa argumentó que varios imputados ya enfrentan una investigación similar en el caso denominado “Tramitadores”, lo que, de comprobarse, invalidaría una nueva persecución por los mismos delitos.
La audiencia sobre esta tutela se ha fijado para el lunes 20 de octubre, también de forma virtual, con la presencia obligatoria de los abogados defensores. La Fiscalía solicitó reprogramar el debate, ya que aún debe revisar documentación respecto a cuatro investigados específicos.
El abogado Wilmer Pacheco, defensor de uno de los implicados, aseguró que varios de sus patrocinados ya vienen siendo investigados en otras carpetas fiscales por hechos similares. “El juez, con participación de las defensas, ha tomado conocimiento de que no puede haber persecución múltiple por el mismo delito. Muchos de los investigados en esta prisión preventiva también figuran en el caso ‘Tramitadores 1’, donde se indaga por el tráfico de licencias de conducir en la gestión del señor Gallegos”, declaró.
En declaraciones a la prensa, el exgobernador regional Javier Gallegos se defendió de las acusaciones. “Nos están acusando de organización criminal, pero no hay una sola prueba de que yo haya tenido contacto con otros imputados. No existe ninguna conversación, llamada, correo, nada”, afirmó.
Cuestionó también la supuesta duplicidad de procesos: “Ya existe una investigación abierta desde el año pasado por el mismo tema de las licencias de conducir. No puede haber duplicidad. Esto tiene un trasfondo político”, aseguró.
En tanto, el proceso continúa generando atención tanto por su implicancia legal como por su impacto político en la región Ica, en especial por tratarse de una presunta red de corrupción que habría operado durante años dentro del Gobierno Regional de Ica.
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