La Dirección Regional de Educación de Ica (DREI) anunció que tomará acciones legales para recuperar un terreno de propiedad del Estado que fue cedido de manera presuntamente irregular a una institución educativa privada en la exclusiva urbanización El Oasis (Ica).
Cesión irregular
El director de la DREI, Julio Motta, informó que el caso que involucra al exdirector de la institución, Carlos Medina, ya ha sido derivado al procurador regional, quien asumirá la defensa legal del Estado. El terreno en cuestión abarca aproximadamente 1700 metros cuadrados y habría sido entregado por un periodo inicial de 20 años, con opción de ampliación por otros 20.
“Eso va a continuar su curso, ya terminó la etapa de investigación de Contraloría, ya hay recomendaciones y el procurador está haciendo suyo la defensa del Estado y eso va a continuar hasta las instancias que correspondan. El terreno del Estado no se puede entregar de la manera como se ha hecho en este caso y tiene que recuperarse, porque el Estado no está renunciando a su derecho de ser el titular sobre el predio”, indicó.
Cabe señalar que, la Contraloría advirtió este año serias irregularidades en el procedimiento de cesión, lo que encendió las alertas sobre el uso indebido de patrimonio público. La cesión es de un terreno de 1700 m2 al colegio privado San Francisco College mediante un convenio firmado en julio de 2022 por el entonces director regional de Educación de Ica, Carlos Medina.
A cambio, la institución privada debía ejecutar la construcción de una losa deportiva, un anfiteatro, servicios higiénicos y un estacionamiento vehicular de 400 m2. Sin embargo, la Contraloría enfatiza que estas obras no generaban beneficio alguno para la DRE de Ica ni para el sistema educativo público.
Otro aspecto resaltado es el incumplimiento de los plazos establecidos en el convenio. Este precisaba que las obras debían ejecutarse en un lapso no mayor de 60 días desde la suscripción del acuerdo. No obstante, el colegio inició los trabajos fuera del tiempo pactado, y pese a ello, no existió ningún tipo de fiscalización ni sanción por parte de la DRE Ica.
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