La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Pisco, emitió el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 011-2025-2-0409-AOP, en el que advierte un hecho con indicio de presuntas irregularidades cometido por el alcalde del centro poblado San Miguel, Jonh Charle Edinson Román Hernández, quien habría realizado un viaje al exterior sin contar con la debida autorización de la Municipalidad Provincial de Pisco.
Sin la aprobación
El informe detalla que el viaje se realizó entre el 22 y el 24 de abril de 2023, periodo en el cual el burgomaestre se ausentó de sus funciones sin la aprobación del concejo provincial, tal como exige la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento de Organización y Funciones del propio centro poblado. La Contraloría sostiene que dicha ausencia representa un riesgo al correcto desempeño del servicio público, al no haberse designado un funcionario encargado ni emitido resolución que justifique el desplazamiento.
Durante el proceso de verificación, el órgano de control solicitó información a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a la Municipalidad Provincial de Pisco y a la municipalidad del centro poblado San Miguel. Las entidades confirmaron la salida del país del alcalde y la inexistencia de documentos que autoricen su viaje o licencias oficiales. El propio alcalde, mediante oficio, reconoció que no existen registros sobre dicho permiso en los archivos municipales.
La Contraloría subraya que este hecho vulnera los principios de legalidad, respeto y responsabilidad establecidos en el Código de Ética de la Función Pública, así como la normativa municipal vigente. Asimismo, advierte que la omisión de funciones por parte de una autoridad electa genera incertidumbre.
Finalmente, el informe recomienda al alcalde provincial de Pisco y al concejo municipal adoptar las acciones que correspondan dentro de sus competencias, disponiendo el deslinde de responsabilidades que pudieran derivarse de esta irregularidad. La entidad de control otorgó un plazo de 20 días hábiles para que se presente un plan de acción que permita atender las observaciones formuladas en el documento.
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