Un grupo de padres de familia de la Institución Educativa Inicial N.º 188 de Humay tomó las instalaciones del plantel en señal de protesta, denunciando presuntos malos manejos por parte de los directivos. La medida de fuerza, que se prolongó por varias horas, obligó a suspender las clases y afectó a decenas de niños del nivel inicial.
Toma de sede escolar
Los manifestantes exigieron la presencia de representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Pisco, alegando irregularidades en el uso de recursos y en la gestión interna del centro educativo.
Ante la situación, la directora de la UGEL Pisco se trasladó hasta el lugar e hizo un llamado al diálogo, señalando que “los padres tienen derecho a expresar sus reclamos, pero deben respetar el debido proceso”. La funcionaria indicó que, de existir una denuncia formal contra los docentes o directivos, esta será evaluada conforme a los procedimientos administrativos correspondientes y dentro de un plazo breve.
Asimismo, recordó que la toma de locales escolares está prohibida por ley y dio la palabra a un efectivo policial para calmar los ánimos entre los manifestantes.
Las autoridades advirtieron que este tipo de acciones podrían constituir delitos tipificados en el Código Penal. La ocupación ilegal de un local educativo puede ser considerada usurpación agravada, sancionada con penas de hasta cinco años de prisión, mientras que la perturbación del orden público contempla sanciones de hasta seis años.
De igual modo, recordaron que la Ley General de Educación (N.º 28044) reconoce la participación de los padres en la gestión escolar, pero no ampara actos que vulneren el derecho de los estudiantes a recibir clases.
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