Un grupo de trabajadores denunció haber sido despedido arbitrariamente por la Municipalidad Provincial de Pisco, a pesar de contar con sentencias judiciales que ordenan su reincorporación a la planilla laboral.
Trabajadores afectados
Según declaró el abogado Omar Roca, defensor legal de los afectados, se trata de entre 15 a 20 trabajadores que laboraban en áreas como limpieza pública, áreas verdes y el mercado municipal, y que ya cuentan con fallos emitidos por el Juzgado Laboral de Pisco, los cuales ordenan su retorno al trabajo formal, con boletas de pago y beneficios sociales.
“Esta vez, de manera masiva, se ha producido lo que se denomina un despido encausado. La municipalidad, en lugar de cumplir con las sentencias judiciales, ha decidido cesar a los trabajadores, lo que constituye un desacato”, señaló el abogado a Plus Noticias Pisco. Además, advirtió que estos nuevos despidos traerán consecuencias legales y económicas para la entidad.
Los trabajadores indicaron que fueron notificados verbalmente sobre su desvinculación y, en algunos casos, simplemente se les impidió el ingreso a sus puestos. “He trabajado cinco años, gané mi juicio la semana pasada y aún así me sacaron. Me dijeron que ya no podía seguir, que era una orden de arriba”, relató una de las trabajadoras de limpieza pública.
Otra trabajadora señaló que iba a cumplir ocho años en el municipio cuando fue despedida: “También gané mi juicio. No es justo que nos saquen como si no valiéramos nada. Solo nos dijeron que hasta aquí no más, sin explicarnos nada”.
El abogado Roca acusó directamente al alcalde Pedro Fuentes Hernández como responsable de la decisión de no acatar los fallos judiciales. “El autor intelectual de este desacato es el propio alcalde. Invoco al Poder Judicial y al Ministerio Público a intervenir, porque aquí se estaría cometiendo resistencia a la autoridad y violación a la libertad de trabajo”, manifestó.
Además, cuestionó la justificación económica de la municipalidad para los despidos. “No hay presupuesto para estos trabajadores humildes, pero sí para ferias, pagos elevados a funcionarios y gastos políticos. Esto es injustificable”, añadió el letrado, quien también instó a los regidores del concejo provincial a ejercer su función fiscalizadora.
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