El corredor vial de Huanchaco a Trujillo, obra emblemática de la gestión de César Acuña Peralta, quedaría paralizada hasta nuevo aviso. El gobernador anunció que en las próximas horas se anulará el contrato por S/ 121 millones que ganó el consorcio que integra la joven de 25 años Lucero Coca, debido a que, para obtener el proyecto, se habría presentado documentos presuntamente adulterados.
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“Si hay falsedad de documentos, en aras de la transparencia y desterrando la corrupción, tenemos que nosotros tomar decisiones y anular ese contrato, porque yo creo que eso es lo que hay que hacer, porque si no dirían el gran responsable (Acuña). Además, este es un mensaje, aquí (en el Gobierno Regional) es transparencia y honestidad”, aseguró Acuña.
Explicaciones
Quien dio más detalles de estas presuntas irregularidades fue el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama. Él dijo que realizaron un control posterior a los documentos que presentó la empresa para firmar el contrato y se detectó que los certificados de trabajo que sustentaban la experiencia de un ingeniero estructuralista y un ingeniero mecánico eran “inexactos”.
Por ello, dijo que el área legal de la Región emitirá en las próximas horas los informes técnicos que permitirían anular el contrato.
“Una vez que se notifique a la empresa, tienen 30 días para responder a los argumentos e informes que va a tener el Gobierno Regional”, aseguró.
Martín Namay reconoció que esto llevaría a paralizar los trabajos por un tiempo. Sin embargo, dijo que la gestión tiene “claro que esa obra no se va a dejar de ejecutar”, ya que el presupuesto está asegurado. Además, agregó que en los próximos días evaluarán la modalidad en la que se retomarían las labores.
Conocedores de esta realidad, pobladores del distrito de Huanchaco protestaron para exigir que los trabajos no se paralicen.
El abogado Carlos Ramírez, representante de este grupo de ciudadanos, alertó que de anularse el contrato, la empresa a cargo del proyecto podría llevar el caso a un arbitraje, lo que podría paralizar la obra hasta por dos años.
Para la presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza, la responsabilidad de esta nulidad recaería en los funcionarios de Acuña, que no revisaron la documentación antes de firmar el contrato.
“Tenemos que ser críticos con los malos funcionarios. En su momento no se verificó que esté dentro de la legalidad. Toda la responsabilidad está en la Gerencia de Contrataciones”, dijo.
Más alertas
La Contraloría, a través de su Informe de Hito de Control N° 066-2025-OCI/5342-SCC, también detectó que en este proyecto “no se viene utilizando el equipo pavimentadora de encofrado deslizante en la ejecución de los trabajos de pavimento rígido en la obra, a pesar de estar considerado en el expediente técnico y los costos unitarios ofertados”. Esto estaría originando “pagos en exceso aprobados por la supervisión, pasibles de la aplicación de penalidades, posibilitando que se vea afectada la calidad de la obra y, por ende, su vida útil”.
