Mientras el hampa sigue ganando terreno y las cifras de crímenes no dejan de crecer en La Libertad, la administración de justicia en esta región continúa generando dudas. Casi diez meses después del atentado contra el Ministerio Público en Trujillo, dos de sus presuntos implicados fueron liberados del penal El Milagro de esta ciudad.
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Caso
Se trata de Erotides Eugenio Mercedes Calderón y Juan Carlos Valera Barroso, conocidos en el mundo del hampa como “Pelao” y “Gordo Tobi”, respectivamente, según la Policía Nacional del Perú (PNP). Tras el ataque a la sede central de la Fiscalía, ocurrido el 20 de enero de este año, ambos fueron capturados y el Poder Judicial ordenó su internamiento en la penitenciaría de Trujillo por un periodo de nueve meses.
“El cómputo de la prisión preventiva inició el 21 de enero y culminó el 20 de octubre”, precisó el Poder Judicial ayer.
Debido a que, según la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJ-LL), el Ministerio Público “no realizó ningún requerimiento de prolongación de prisión preventiva”, ambos fueron liberados de manera inmediata, argumentó la misma entidad a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
En el referido documento, la CSJ-LL enfatizó que “el fiscal a cargo de la investigación tiene como atribución y obligación [...] solicitar las medidas de coerción personal o su prolongación según requiera, no siendo facultad del juez imponer de oficio la prisión preventiva o su prolongación”.
El órgano de justicia también aclaró que la resolución que declara la libertad procesal de ambos encarcelados fue firmada el 3 de noviembre de este año, por lo que es “falso” que la magistrada a cargo del caso haya emitido la resolución, “de manera deliberada y con anticipación”, el 1 de octubre
“La Corte de La Libertad garantiza el debido proceso en cada caso atendido en nuestra institución” y “reafirma su compromiso ineludible con la administración de la justicia bajo los principios de imparcialidad y legalidad”, agregó.
Reacciones
Por la tarde, horas después del comunicado de la CSJ-LL, el Distrito Fiscal de La Libertad emitió un pronunciamiento en el que se admite que el fiscal responsable del caso no pidió la prolongación de prisión preventiva.
“[...] En ese contexto se ha solicitado al fiscal a cargo de la investigación informar de inmediato [...] los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales no formuló el requerimiento de prolongación de prisión preventiva, conforme a lo establecido en la ley”, indicó.
Ante esta situación, señaló que se ha informado sobre el mismo a la Autoridad Desconcentrada de Control de La Libertad. “Este órgano, en ejercicio de sus atribuciones determinará si se ha producido alguna inconducta funcional por parte del fiscal a cargo del caso”, agregó.
Como era de esperarse, la liberación de Erotides Mercedes y Juan Carlos Valera causó indignación en la sociedad. El coronel PNP (r) Roger Torres Mendoza, exjefe de la Región Policial La Libertad, usó sus redes sociales para cuestionar con dureza esta situación.
“Conclusión: extorsionadores a la calle, más explosiones y la inseguridad por los suelos. ¡He ahí la madre del cordero! ¿Alguna marcha, reclamo? Ninguna [o]. Pero cuando hay otra explosión, se le van encima a la Policía y autoridades. Si la Fiscalía no defiende sus fueros, menos el de los ciudadanos”, publicó.
Quien también se sumó a las críticas fue el exregidor de la municipalidad de Trujillo José Miranda Prado. “Irresponsabilidad absoluta”, comentó el abogado.
