La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) anunció acciones para fiscalizar y trazar la producción de minerales de origen informal e ilegal.
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La superintendenta, Marilú Llerena, afirmó que el control se concentrará en las plantas de procesamiento que acopian material en zonas de extracción.
Aunque resulta imposible rastrear toda la cadena —desde la extracción y el transporte hasta la exportación—, SUNAT aplicará un modelo de control inteligente que combine puestos de vigilancia física y supervisión directa en las plantas.
“Cuando analizamos todo este circuito, hay un actor clave: las plantas de procesamiento, principalmente las que no están integradas a la extracción. Tenemos más de 350 plantas donde converge la producción de la minería artesanal, informal e ilegal. La estrategia es reforzar los controles en esas plantas”, explicó Llerena.
CONTROL RIGUROSO
Con esos datos se buscará detectar inconsistencias en la declaración de volúmenes de producción. La SUNAT cruzará la información reportada al Ministerio de Energía y Minas con sus propias estadísticas tributarias para identificar irregularidades en producción, ventas y transporte.
Las plantas de procesamiento son un eslabón central en el lavado de dinero proveniente de la minería ilegal e informal. Desde el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) ya se había propuesto mejorar la fiscalización de estas plantas, que operan en la sombra y blanquean mineral ilegal.
César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales, insistió en que se debe trabajar junto a la SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con equipos técnicos y tecnología.En Trujillo, Pataz, Otuzco y Santiago de Chuco, hay decenas de plantas de tratamiento de oro clandestinas que operan al margen de la ley, impulsando una economía subterránea que va mucho más allá de la minería ilegal.
Aunque el número exacto cambia constantemente por las acciones policiales y el traslado de equipos móviles, reportes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), OEFA y la Policía Nacional del Perú, indican que existen más de 50 plantas de procesamiento ilegal en la región, muchas de ellas concentradas en zonas como: Tayabamba y Parcoy (Pataz), Quiruvilca (Santiago de Chuco), La Cuenca Alta del río Moche, El cerro El Toro (Huamachuco)Estas plantas procesadoras utilizan mercurio y cianuro, químicos que, cuando no son tratados adecuadamente, terminan en las quebradas, afluentes y ríos de la región. El río Moche, que atraviesa Trujillo y desemboca en el mar, es una de las principales víctimas.
Estudios del ANA (Autoridad Nacional del Agua) y el OEFA han documentado niveles alarmantes de metales pesados como arsénico, plomo y mercurio en sus aguas.Las plantas ilegales no solo causan estragos ambientales, sino que están profundamente conectadas con mafias que se disputan el control territorial. En Pataz, muchas plantas son custodiadas por grupos armados, y en algunos casos, alquilan seguridad privada con vínculos a organizaciones criminales.
La extracción ilegal de oro ha dejado de ser una actividad aislada de subsistencia. Hoy es una de las principales fuentes de financiamiento para bandas criminales en el norte peruano. La Policía Nacional ha vinculado estas operaciones con redes que también controlan el tráfico de armas, sicariato, y extorsión a empresarios mineros formales e informales.Uno de los epicentros de este fenómeno es el distrito de Parcoy, donde operan más de 20 plantas ilegales según datos de la FEMA y la Dirección de Medio Ambiente de la PNP.
Cada planta puede procesar hasta 100 toneladas de mineral por día, produciendo oro que se comercializa ilegalmente en Lima, Arequipa o incluso es exportado como “oro legal” mediante empresas fachada.El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la FEMA han ejecutado más de 60 operativos en los últimos tres años.
Sin embargo, muchas veces, las plantas son reabiertas a los pocos días o trasladadas a otros terrenos. En algunas zonas, como Quiruvilca, exalcaldes y dirigentes mineros han sido denunciados por proteger estas actividades. La sociedad civil también exige transparencia en el monitoreo ambiental y acciones legales contra autoridades que han permitido el avance de estas plantas ilegales en sus jurisdicciones.
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