El Ministerio de Cultura (Mincul) informó que interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el trabajador de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) acusado de discriminación en Trujillo.
POSICIÓN
La denuncia fue interpuesta a través de la Procuraduría Pública del Mincul y fue dirigida a la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, “donde se pone en conocimiento las expresiones discriminatorias” hechas por Jorge Luis Silva Cabrera en un minimarket de la capital liberteña.
En la demanda el Ministerio de Cultura exige “se inicien las investigaciones correspondientes y que se apliquen las sanciones que determine la ley”, en “aplicación del artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación”.
“Desde la dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial, del Ministerio de Cultura, se considera que el hecho configura un acto de discriminación étnico-racial, ya que involucra el uso de expresiones racistas que denigran la dignidad de la persona agredida y, por extensión, de todos los colectivos pertenecientes a la zona andina de nuestro país”, añade.
CASO
En videos que circulan por redes sociales, se observa que Jorge Silva insulta a una mujer profiriendo frases como “ignorante”, “chola de...”, entre otras.
En una entrevista con RPP Trujillo, la presunta agraviada contó que “todo empezó” cuando ella pasó delante de él cuando este se encontraba frente a unos estantes. “Yo no soy ignorante, señor”, se escucha decir a la joven después de que el supuesto agresor le reclamara por su actitud.
“Yo no lo he faltado el respeto. En todo momento guardé la calma y sí, me siento afectada por todo lo que ha pasado”, dijo la joven, tras revelar también que, días atrás, acudió por su cuenta al Ministerio Público de Trujillo para asentar una denuncia.
REACCIÓN
Tras revelarse el caso, la Sunat emitió un comunicado en el que indica que ha iniciado acciones disciplinarias contra Jorge Silva.
“Se iniciaron acciones para las medidas disciplinarias correspondientes al colaborador involucrado, quien no desempeña ningún cargo de confianza ni directivo”, señaló.
En nuestro país se sanciona el racismo con penas hasta de tres años de cárcel, aunque si el acusado es funcionario público la sanción es efectiva y podría ser de cuatro años.
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