Consejero Luis Rodríguez aseguró que comerciantes, transportistas y agricultores fueron los más perjudicados. Ayer, en Lima, se instaló mesa técnica con mineros artesanales.
Consejero Luis Rodríguez aseguró que comerciantes, transportistas y agricultores fueron los más perjudicados. Ayer, en Lima, se instaló mesa técnica con mineros artesanales.

El paro que acataron mineros artesanales en dejó millonarias pérdidas económicas. El consejero regional por esa provincia, Luis Rodríguez, informó que el bloqueo de vías que se acató durante dos días en esa jurisdicción del ande liberteño habría originado que se dejan de mover unos S/ 10 millones, lo que perjudicó principalmente a transportistas, comerciantes y agricultores.

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“La paralización ha generado muchas pérdidas, entre ellas en el sector agricultura. Muchos productores de árboles frutales han perdido sus productos por no poder sacarlos al mercado. La paralización ha congelado el comercio, el bloqueo también dejó a los transportistas sin trabajo. Si analizamos, nos ha traído pérdidas estimadas en 10 millones de soles durante esta paralización. Esto significa que hemos retrocedido en la provincia de Pataz”, aseguró.

Rodríguez también lamentó que el Gobierno solo haya accedido a entablar una mesa de diálogo con los mineros artesanales tras los enfrentamientos ocurridos en el distrito de Chala, en Arequipa, que dejó un fallecido.

Reunión. Ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, confirmó que se instaló la mesa técnica que abordará la problemática de la minería artesanal e informal por 60 días adicionales.

“Hemos tenido una participación amplia y democrática, en la que cada uno de los integrantes de esta mesa técnica han expresado de manera muy acertada sus posiciones, desafíos y los retos que esperan de esta reunión. Hay un consenso en cuanto a resolver de manera democrática y pacífica los inconvenientes y problemas que arrastramos durante muchos años en la minería”, dijo.

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Los dirigentes mineros, en tanto, insistieron en defender su plataforma de lucha, que busca modificar el decreto supremo que cierra el proceso de formalización minera y excluye a más de 50 mil operadores del Reinfo por no cumplir los requisitos mínimos.

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