Un caso de tráfico de influencias y entrega de sobornos finalizó ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, que recientemente emitió una sentencia en contra de Roberto Caján Alegría, Alejandro Quispe Criollo y Segundo Gutiérrez Uriarte.
Fallo judicial
Tras un proceso de apelación, la Segunda Sala acogió parte de los hechos imputados por la Fiscalía Anticorrupción sobre la responsabilidad penal de los tres acusados. Sin embargo, la sentencia muestra variaciones en el plazo de las condenas, a diferencia de lo ordenado en el primer juicio. Los magistrados establecieron que Roberto Caján y Alejandro Criollo son culpables del delito de tráfico de influencias en la condición de instigadores (Hecho Tres: “Ejecución judicial de medida cautelar arbitral proceso judicial expediente número 418- 2018 en agravio del Estado”).
En el primer juicio, se habían impuesto 4 años y 8 meses de prisión a cada uno; sin embargo, la Sala decidió reformar esa pena y reducirla a 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad. Además, ambos fueron encontrados responsables del delito de cohecho activo (Hecho Cuatro: “Entrega de dádivas al Procurador Adjunto del Gobierno Regional de Cajamarca”). En el juicio anterior, se les había impuesto una condena de 4 años y 8 meses por esta imputación, pero la última resolución redujo esta pena a 3 años. En atención a la figura del concurso real de delitos, la Sala decidió sumar las penas por cada ilícito, lo que significa que Caján y Criollo deberán cumplir 5 años y 6 meses de prisión efectiva.
Respecto a Gutiérrez Uriarte, los jueces confirmaron una sentencia de 5 años en su contra por cohecho pasivo, pero la ejecución de la pena quedará suspendida. Gutiérrez deberá cumplir reglas de conducta durante un periodo de prueba de 3 años. Si se hubiera confirmado la sentencia anterior, la pena para Caján y Criollo habría sido de 9 años y 4 meses de cárcel. Solo queda pendiente que la Policía Nacional ejecute la captura de Roberto Caján y Alejandro Criollo, tal como lo estableció el Poder Judicial.
¿Cómo se involucraron?
Según la investigación, los hechos denunciados ocurrieron en el año 2018. En ese entonces, Alejandro Criollo representaba a empresas contratistas que exigían el pago de valorizaciones al Gobierno Regional de Cajamarca. Fue entonces cuando Criollo conoció a Caján, quien es abogado, y este le ofreció ayudarlo a ponerse en contacto con un funcionario del gobierno regional. Este contacto llevó a Gutiérrez Uriarte, quien laboraba en la Procuraduría Pública del GORE Cajamarca. Según la acusación, Gutiérrez habría recibido sumas de dinero para facilitar la ejecución de resoluciones arbitrales a favor del empresario.
La Fiscalía de Lambayeque inició la investigación tras detectar una pista mientras procesaba al exgobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, y a Osmán Yangua, sobrino de Alejandro Criollo.
