En Chiclayo, la Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Lambayeque solicitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que autorice la apertura de un proceso penal contra Aldo Victoriano Paredes Delgado, exfiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.
La medida se sustenta en indicios de que el magistrado habría incurrido en los delitos de cohecho pasivo específico y patrocinio ilegal, ambos tipificados como delitos de corrupción de funcionarios.
Hechos investigados
El caso no es nuevo. Fue revelado por Correo en noviembre de 2023, cuando una investigación periodística expuso cómo Paredes habría terminado favoreciendo a empresarios con intereses en negocios cuestionados, desde disputas de terrenos hasta locales nocturnos clausurados por actividades ilícitas.
El expediente fiscal detalla tres hechos centrales que comprometerían al magistrado. La investigación está a cargo de la fiscal superior Giovana de Río Carrero, de la Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Lambayeque.
Hechos investigados
En un primer hecho, Paredes habría recibido pagos de entre 2.000 y 50.000 soles por parte del empresario Daniel Chávez Velásquez, con el fin de influir en una investigación fiscal sobre la propiedad del predio San Jorge.
Así, en un segundo hecho, la Fiscalía sostiene que el propio Paredes fue autor de una demanda judicial contra la Municipalidad de La Victoria, destinada a reabrir el Scarlett Night Club, un establecimiento cerrado por denuncias de lenocinio.
Por otro lado, el hecho 3 corresponde a la carpeta fiscal N° 543-2020, en la que se cuestiona la clausura del local La 69 Restobar. Según la investigación, Paredes elaboró la denuncia presentada contra funcionarios municipales. Un correo con el archivo “LUPA.docx”, remitido por el fiscal a Chávez, contiene el texto que finalmente fue ingresado por Denis Valdera, representante del negocio.
Sobre estos dos últimos casos, se tiene indicios de patrocinio ilegal por parte de Paredes Delgado, al usar su rol de fiscal para defender dos negocios privado sancionado por la municipalidad.
Posible condena
De prosperar la solicitud, Paredes afrontaría penas que van de seis a quince años de prisión por cohecho pasivo específico, además de inhabilitación para ocupar cargos públicos. El delito de patrocinio ilegal, en paralelo, podría acarrearle hasta dos años de cárcel o sanciones alternativas.
