La compañía canadiense Brookfield comunicó que inició un arbitraje internacional contra el Estado peruano, luego de que su subsidiaria Rutas de Lima aprobara el inicio de un proceso de disolución y liquidación.

La empresa sostiene que la medida responde a la acumulación de disposiciones judiciales, administrativas y políticas que habrían comprometido gravemente la sostenibilidad de la concesión vial en la capital.

De acuerdo con la información difundida, la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima decidió el 29 de septiembre iniciar su disolución conforme a la Ley General de Sociedades.

Brookfield argumenta que esta decisión es consecuencia de actos considerados arbitrarios y abusivos por parte de diversas entidades, entre ellas la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Entre los hechos mencionados figura la suspensión del cobro de peajes en Chillón y Conchán, que habría reducido en más del 60% los ingresos de la concesión.

También se incluyen la toma del Tramo Ramiro Prialé, con una inversión superior a S/500 millones, y la negativa del Estado a ejecutar laudos arbitrales internacionales por más de US$700 millones, previamente validados por tribunales en Estados Unidos.

La empresa sostiene que tales medidas constituyen una “expropiación indebida” de su inversión y ha recurrido al Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá para sustentar el arbitraje. En su comunicado, advirtió que el Estado fue notificado en repetidas ocasiones sin que se adoptaran medidas correctivas.

Brookfield destacó que, pese a haber invertido más de S/3 300 millones en infraestructura vial, no ha logrado recuperar capital ni distribuir dividendos, ya que todos los ingresos habrían sido reinvertidos en operación y mantenimiento.

La compañía añadió que Rutas de Lima ha enfrentado procesos judiciales, multas que considera excesivas y una campaña de difamación atribuida a autoridades locales, lo que habría deteriorado aún más su situación financiera.

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