El Gobierno publicó el Decreto Supremo N° 127-2025-PCM, que actualiza las medidas del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, con el fin de reforzar la seguridad y optimizar las acciones de control frente al incremento de la criminalidad.
La norma dispone una nueva estructura de comando encabezada por la Policía Nacional del Perú (PNP) y establece una coordinación permanente entre el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), el CONAPOC y los comités regionales y provinciales de seguridad.
El decreto ordena que dichos órganos trabajen en sesión permanente y clasifica como información reservada los acuerdos y operativos vinculados a la lucha contra la delincuencia. Asimismo, se implementarán centros de coordinación activa las 24 horas del día para integrar los recursos humanos, tecnológicos y logísticos de las entidades involucradas.
Entre las medidas más relevantes, se incluyen restricciones en los centros penitenciarios, limitando las visitas y ordenando el retiro de antenas no autorizadas, así como el traslado de internos de alta peligrosidad. Los operativos estarán a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE con apoyo de drones, y bajo la vigilancia de la PNP y las Fuerzas Armadas, que supervisarán el funcionamiento de bloqueadores de señal y reforzarán la seguridad penitenciaria.
Además, se crea un Sistema Integrado de Videovigilancia e Inteligencia Predictiva, que utilizará imágenes satelitales de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) y algoritmos de reconocimiento facial para anticipar delitos. En paralelo, se autoriza la participación de cadetes en labores administrativas y se establecen incentivos y reconocimientos para policías y militares que destaquen en operativos contra organizaciones criminales.
El decreto también impulsa operativos contra mercados ilegales, abarcando delitos como la trata de personas, narcotráfico, comercio de armas y telefonía informal, con participación de SUNAT, SUCAMEC, OSIPTEL, Migraciones y gobiernos locales.
Finalmente, se refuerza la respuesta judicial y tecnológica mediante la ampliación del Centro de Comando y Comunicación (C4) de la PNP. El financiamiento provendrá de los presupuestos institucionales y de asignaciones extraordinarias del Ministerio de Economía y Finanzas.
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