Según el último informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, los casos de robo y extorsión continúan aumentando en todo el país. Solo entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 40 mil denuncias por robo y más de 30 mil por extorsión, cifras que reflejan la grave situación de inseguridad.

La gerente del Observatorio, Brenda Belleza, señaló que la situación más crítica se concentra en Lima Metropolitana y el Callao, donde 56 conductores fueron asesinados en lo que va del año. Asimismo, ocho de cada diez ataques fueron cometidos por delincuentes que se desplazaban en motocicletas lineales y emplearon armas de fuego para interceptar a sus víctimas.

Es así como la funcionaria precisó que los distritos más afectados son San Juan de Miraflores, Bellavista y San Martín de Porres, donde los ataques presentan un mismo modus operandi: interceptación en plena vía pública, disparos a quemarropa y posterior huida. En septiembre se registraron 31 asesinatos de conductores, la cifra más alta en lo que va del año.

Además, el informe advierte que en el país se registra una denuncia por extorsión cada 20 minutos y que, al cierre de 2025, el número de casos formales superará las 30 mil denuncias. Las zonas más afectadas son la región La Libertad y los distritos limeños de Los Olivos, Ate y Villa El Salvador, identificados como focos de extorsión y robo.

Hasta septiembre se registraron 40,125 denuncias por robo a nivel nacional; sin embargo, el Ministerio Público advierte que la cifra real sería aún mayor, pues las muchas víctimas optan por no denunciar por temor a represalias. El incremento de casos se ha concentrado principalmente en Lambayeque y Piura, regiones donde la delincuencia organizada ha expandido su presencia.

Frente al incremento sostenido de la violencia, el Ministerio Público exhortó a la ciudadanía a presentar sus denuncias de manera formal con el fin de fortalecer la persecución penal. En esa misma línea, instó a las autoridades locales a intensificar el patrullaje y coordinar con los gobiernos regionales la implementación de medidas efectivas de prevención.

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