La violencia criminal volvió a golpear al transporte público. Daniel Sedeño Alfonso, conductor de 33 años, fue asesinado a balazos la noche del sábado mientras manejaba su unidad frente al Hospital María Auxiliadora, en el distrito de San Juan de Miraflores. El crimen, presuntamente vinculado a mafias de extorsión, ha generado conmoción y motivó la convocatoria de un paro de 24 horas por parte de un sector de transportistas urbanos de Lima y Callao.
El ataque ocurrió cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron al vehículo de la empresa El Triángulo, que cubre la ruta entre Villa El Salvador y el Callao, y dispararon a quemarropa contra el conductor. Vecinos de la zona intentaron auxiliarlo y lo trasladaron al hospital más cercano, donde los médicos confirmaron su deceso. Daniel deja a su esposa y a un hijo de dos años.
Tras el crimen, Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, anunció una “parada de motores” para este lunes 6 de octubre, en señal de duelo y protesta. “Invitamos a la población a acompañarnos sonando sus claxons, como un grito de desesperación por la alta criminalidad”, declaró a América Noticias.
El dirigente explicó que la medida será pacífica, sin marchas ni piquetes, y busca enviar un mensaje directo a las máximas autoridades del país: la presidenta de la República, el presidente del Congreso, la titular del Poder Judicial y el fiscal de la Nación. “No queremos más promesas. Queremos acciones inmediatas. No podemos esperar más muertes”, enfatizó Ojeda.
Empresas que participarán del paro
Entre las empresas que se sumarán a la paralización figuran Consorcio Guía, Zeta, Los Loritos, Vipusa, Nueva América, Felipecsa, Edilberto Ramos, Urbanito, Huáscar, Santa Catalin y Los Chinos, entre otras.El paro regirá desde las 00:00 horas del lunes 6 de octubre y se extenderá por 24 horas, afectando rutas urbanas clave de Lima Metropolitana y el Callao.
Exigen respuestas frente a la inseguridad
El crimen de Sedeño no es un caso aislado. En lo que va del año, más de 65 conductores han sido asesinados en circunstancias similares, según reportes de los gremios. Las mafias de extorsión —que cobran cupos a choferes y empresas— continúan operando en distintas rutas sin ser desarticuladas por completo.
La Policía Nacional ya investiga el homicidio como un posible acto de extorsión y ha iniciado la revisión de cámaras de seguridad en la zona. En paralelo, los gremios de transporte advirtieron que, si los crímenes continúan, podrían convocar nuevas medidas de fuerza.
“El transporte público está bajo amenaza. Cada conductor asesinado representa una familia destruida y un Estado que no reacciona”, expresó Ojeda, quien pidió la creación de un plan nacional de protección al transporte urbano.
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