El aumento de la violencia criminal en el país, especialmente contra conductores de transporte público, ha motivado que distintos gremios del sector anuncien medidas drásticas contra las autoridades. Ayer, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, informó que presentará denuncias constitucionales contra el Congreso, el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional, a quienes responsabiliza de permitir el avance del crimen organizado.
“Ellos son responsables directos de todas las víctimas. No podemos permitir que se siga derramando más sangre”, declaró en un medio televisivo. El dirigente detalló que acudirá al Colegio de Abogados para formalizar las denuncias en representación de su gremio y remitirlas al Parlamento.
Palomino cuestionó que, pese a recientes operativos policiales —como la captura de integrantes de la banda DESA II—, los resultados aún son insuficientes. Aseguró que la criminalidad en el país “se ha incrementado en más de 800%” y que los conductores viven bajo temor constante. “Ya ni los choferes quieren salir a trabajar, las esposas tienen miedo de que no regresemos a casa. Los pasajeros también están aterrados”, afirmó.
El gremio también exige la derogación de leyes que, según su líder, “blindan a las bandas criminales y a los cuellos blancos”.
REACCIONES
Otros dirigentes se sumaron a los cuestionamientos. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), acusó a las autoridades de limitarse a “sesiones de fotos” sin medidas concretas. “Lamentablemente, tras el paro del 10 de abril, surgieron caudillismos con intereses políticos. Eso no lo vamos a aceptar”, sentenció.
Por su parte, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Antra), calificó de “indolente” al Gobierno de Boluarte.
