La Fiscalía ha desplegado una serie de diligencias para esclarecer la controvertida nulidad de las elecciones complementarias al rectorado 2025-2028 de la Universidad Nacional de Piura (UNP), en un proceso marcado por la desconfianza y la polémica.
Ayer, a las 9:00 a.m., el fiscal Silva Mechato se personó en las instalaciones de la UNP, específicamente en las oficinas del Comité Electoral para solicitar información y disponer de equipos informáticos.
No obstante, la doctora Socorro Granda, quien interpuso la denuncia, denunció que su abogada fue maltratada por el agente de seguridad al intentar acceder a la diligencia, mientras que al abogado de la parte denunciada se le permitió el paso sin objeciones.
Granda consideró que “los docentes y estudiantes del Comité Electoral deben hacerse responsables por sus decisiones”, ya que la anulación afecta al candidato ganador, a más de 12,000 votantes y “daña gravemente la imagen de la Universidad Nacional de Piura”.
Por su parte, Cristian García Camacho, abogado de Dignidad Universitaria, destacó que las investigaciones son contra todos los miembros del Comité Electoral, aunque precisó que hay cuatro miembros que, mediante carta notarial del 16 de julio, han manifestado su desacuerdo y deslinde de responsabilidades por las irregularidades.
García Camacho explicó que la Fiscalía busca confirmar si el acta de nulidad fue elaborada en las computadoras del comité y por qué se usaron observaciones previas como base para la anulación de todo el proceso.
Entre las diligencias programadas por al Fiscalía, se ha dispuesto una pericia grafotécnica sobre las actas de la sesión del Comité Electoral en la que se acordó la anulación del proceso electoral.
Con ello, se busca verificar si las firmas y huellas digitales que figuran en las actas y en la Resolución N° 020-PECR-CE-UNP-2025 corresponden efectivamente a los miembros del Comité Electoral.
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Asimismo, se ha solicitado al presidente del Comité Electoral proporcionar en un plazo de dos días el expediente administrativo completo —incluyendo notificaciones y actas— que dio origen a la referida resolución.
La omisión de este requerimiento será considerada desobediencia a la autoridad.Además, la Fiscalía ha exigido la entrega de los videos de la sesión en la que se declaró nula la elección de José Ordinola Boyer.
De igual forma, los miembros del Comité deberán apersonarse a la Oficina Fiscal para proporcionar sus firmas y huellas digitales con el fin de contrastarlas con los documentos materia de investigación. De no acudir, podrían ser conducidos de manera compulsiva.
Estas diligencias se realizarán con participación del Ministerio Público y las partes involucradas, en un contexto marcado por la desconfianza y la controversia que rodea el proceso electoral en la universidad.
