La Contraloría detectó un presunto favorecimiento a empresas de transporte público otorgados por la Municipalidad Provincial de Piura, pese a que las vías han sido declaradas saturadas. Además, se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en ocho funcionarios de esta comuna.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 060-2025-2-0454-AC, que evaluó el periodo del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2025, se otorgaron autorizaciones para el servicio de transporte público regular a empresas privadas, pese a que algunas de estas rutas se encontraban saturadas y sin cumplir con las condiciones generales, las cuales debieron adjudicarse mediante licitación pública, conforme al Plan Regulador de Rutas.
De acuerdo a una ordenanza municipal de 2019 declaró como vías saturadas cuatro ejes viales que son la Av. Cáceres; Av. Sánchez Cerro–Guardia Civil; Av. Grau y Av. Don Bosco, en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Pese a ello, entre 2024 y 2025 la Gerencia de Transporte y Movilidad Urbana autorizó rutas diametrales (RD) 05, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 en dichos ejes.
Además, se otorgaron autorizaciones para operar en 13 RD (5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21) sin que las empresas acreditaran el cumplimiento de las condiciones técnicas, organizativas, jurídicas y operativas exigidas para acceder y permanecer en el servicio, dice el documento.
En tanto, los auditores detectaron que varias empresas no contaban con la flota vehicular óptima o completa, terminal terrestre o zona de estacionamiento con licencia municipal, capacitación a conductores, entre otros requisitos. La empresa de transporte Getrunorp, no acreditó con documentación la relación de los ocho buses, mientras que la empresa Santo Toribio de Mogrovejo (Santomo), obtuvo la autorización para prestar el servicio en la ruta diametral 11, donde presentó 25 placas vehiculares con tarjeta de propiedad, SOAT y CITV no cubriendo la flota óptima de 29 buses, aun así, se otorgó la licitación.
La empresa Nueva Alternativa, presentó orden de compra y listado de 10 chasis de unidades, sin embargo, no acredita la compra de buses, ya que solo presenta fecha estimada en venta no cumpliendo con los requisitos.
Esta situación, se determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en ocho funcionarios de la comuna, José Calderón Cienfuegos, gerente Territorio y de Transportes de la MPP, Edgar Guaylupo Rosas, gerente de Asesoría Jurídica; Franz Salomón García, subgerente de Transporte; Augusto Saavedra Nolasco, jefe de la Oficina de Transportes y Circulación Vial; Jorge Timaná Rojas, asesor de alcaldía; José Calderón Cienfuegos, Teodoro Ramos Yesquén, gerente de Transporte y Movilidad Urbana; Luis Dedios Chunga, subgerente de Transporte; y Eduardo Merino Chunga, gerente de Transporte y Movilidad Urbana.
