La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura dispuso liberar a los presuntos integrantes de “Los Sanitarios de la Corrupción”, acusados del delito de colusión agravada. De esta manera, revocó la medida de prisión preventiva y dispuso comparecencia con restricciones para los investigados por el caso de las irregularidades del Hospital de Huarmaca
Según la Resolución N° 33, de fecha 1 de octubre del 2025, el Poder Judicial de Piura dispuso liberar a los presuntos implicados, después que sus abogados presentaran el recurso de apelación tras otorgársele 18 meses de prisión preventiva, mientras que otros fueron declarados con comparecencia con restricciones.
Como se recuerda, los exfuncionarios implicados son Saúl Labán Zurita, Wilmer Vise Ruiz, Andrés Palomino Rosales, Rodolfo Jiménez Vilcherrez, Shirley Sarango Ramos, Diego Quispe Centurión, Arturo Delgado Vizcarra, Walter Mendoza Paulini, Merly Acuna Tenorio y Eduardo Sumarriva Lezama, quienes fueron detenidos el pasado 8 de setiembre durante un allanamiento en diversas viviendas de Piura.
A ellos se les involucra en presuntas irregularidades en el proyecto de “Mejoramiento de los servicios de Salud del establecimiento de Huarmaca”, a cargo del Consorcio Hospital Piura, cuyo contrato fue por un monto de S/ 54´739,278. Aquí se adquirió equipamiento médico hospitalario que nunca fue recibido por la entidad. Finalmente, el monto de inversión, tras 10 adendas entre los años 2016-2019, terminó por S/ 82´925,932.
Para Saúl Labán Zurita, pese a que el Ministerio Público sostuvo que la firma de la adenda 10 fue determinante para que se efectuaran pagos de valorizaciones que perjudicaron económicamente al Estado, el Poder Judicial precisó que si bien existen graves elementos de convicción y la prognosis de pena supera los cinco años, el peligro procesal no se encuentra debidamente acreditado en los términos que exige la ley para mantener la medida de prisión preventiva, por lo que dispuso comparecencia con restricciones y el pago de S/ 100,000. “Aparece como una medida suficiente y menos lesiva para asegurar la presencia del imputado en el proceso”, dice el documento.
En tanto, el ingeniero Wilmer Vise se sometió a la terminación anticipada, en donde ha reconocido los hechos materia de investigación, aun así, la Segunda Sala Penal consideró que no concurren suficientes elementos para sostener que el imputado represente peligro de fuga ni de obstaculización, por lo que se le revocó la prisión preventiva y se le impuso el pago de una caución económica de S/ 100,000, el cual ya fue cancelado.
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En el caso de Andrés Palomino Rosas, Rodolfo Jiménez Vilcherrez, Shirley Sarango Ramos, Miriam Acuña Tenorio, Diego Quispe Centurión y Arturo Delgado Vizcarra por su estado de salud (ataque al corazón) también se les ordenó comparecencia restrictiva. Walter Mendoza Paulini sustentó su arraigo domiciliario, el cual no presenta peligro de fuga para el Poder Judicial, al igual que Eduardo Sumarriva Lezama.
Ante estas justificaciones, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura declaró infundada la apelación contra Barreto Querevalú y fundado el recurso de apelación solicitado por las defensas de los exfuncionarios.
