La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Sullana abrió una investigación preliminar contra 20 personas, entre las que se encuentran funcionarios y exfuncionarios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), consultores, regentes forestales, dirigentes comunales y un grupo de inversionistas, como autores de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico ilegal de productos forestales maderables, con agravantes, entre otros.
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De acuerdo con la disposición N° 24-2025, la mencionada fiscalía formaliza la investigación preparatoria contra Roberto Seminario Trelles, exadministrador técnico en Piura del Serfor, así como a otros siete funcionarios y exfuncionarios de la entidad, consultores, regentes forestales, dirigentes comunales y un grupo de inversionistas.
Entre los investigados, además de Seminario figuran Antero Martínez Gonzales, Hemenegildo Cortez Neira, Nelly Pilco Díaz, Herlinda Julca Calderón, María Vásquez Sinti, Edith Phumpiú Cuba, Eddy Cárdenas Medina, Winson Ramírez Lequernaque, Manuel Guerrero Culquicondor (ex presidente de la comunidad campesina Chocán-Ayabaca), Roel Paucar Liviapoma (presidente de la comunidad campesina de Chocán), Domingo García Alberca (presidente de la comunidad campesina de Cujaca–Ayabaca) y Linder Iván Benites Castillo (presidente de la comunidad campesina de Anchalay–Jililí–Ayabaca).
Según la Fiscalía de Sullana existiría una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilegal de más de 650,000 kilogramos de palo santo, una especie forestal protegida y catalogada en “peligro crítico”. La red, según la tesis fiscal, operaba en la sierra de Piura utilizando a las comunidades campesinas de Chocán, Cujaca y Túpac Amaru de Anchalay, en la provincia de Ayabaca, como fachada para legalizar el producto maderable de origen ilícito.
Según la tesis fiscal, el modus operandi consistía en una operación sistemática y estructurada en tres fases. Primero, la organización elaboraba Planes de Manejo Forestal (PMFI) con información técnica presuntamente falsa, consignando volúmenes de aprovechamiento que no correspondían con la realidad del recurso disponible en las comunidades.
Posteriormente, funcionarios de Serfor-Piura, presuntamente participaban en inspecciones oculares deficientes que validaban la información fraudulenta, permitiendo que se emitieran resoluciones administrativas que otorgaban permisos irregulares y con estos se emitían guías de transporte forestales para movilizar el palo santo, dándole una apariencia de legalidad para su comercialización.
Por su parte, el exjefe exadministrador técnico en Piura del Serfor, Roberto Seminario, aseguró que dicha denuncia es en represalia por parte de un señor, a quien la comunidad no lo aceptó para trabajar con ellos y sin sustento técnico. “Lo único que le quedó fue denunciarnos”.
Seminario agregó que hay un organismo supervisor por encima de ellos (Serfor) que ha hecho las inspecciones correspondientes de los informes.
“Los dos informes indican que todo está bien, que no hay afectación al ambiente y los volúmenes están dentro de los parámetros normales e inclusive la Dirección de Control de Serfor, dice lo mismo”, indicó Seminario.
