Los abogados y familiares de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez anunciaron este miércoles que la exmandataria saldrá libre el jueves tras completarse los trámites de anulación de una sentencia por los hechos de la crisis política de 2019 y confirmaron que asistirá a la investidura del nuevo presidente, Rodrigo Paz.
“Creemos que mi madre va a salir mañana (jueves), ahora va a salir el mandamiento de libertad, tienen que notificar todavía al penal. Al fin va a estar libre”, declaró a los medios Carolina Ribera, hija de la expresidenta de transición (2019-2020).
Ribera también señaló que su madre “sí estará presente” en la investidura de Paz como “expresidenta constitucional de Bolivia” y que compartirá ese momento con el nuevo Gobierno una vez que se le restituyan “todos los derechos que le fueron quitados”.

Los abogados y familiares de Áñez se presentaron en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en la ciudad de La Paz, donde la exmandataria está detenida desde 2021, para apresurar los trámites de su liberación.
“No hay ninguna complicación, todo está siguiendo el trámite que debe seguir. Estamos esperando que se expida el mandamiento de libertad, estamos viendo que el penal sea notificado, pero al día de hoy no existe ninguna complicación”, afirmó el abogado Jorge Guillén.
Hasta los exteriores del penal llegó un grupo de mujeres que expresaron su apoyo a Áñez e intentaron comunicarse con ella a través de un megáfono, además de pegar en los muros algunos afiches que decían: “Jeanine, tus verdugos ya pagarán” y “Jeanine, presidenta constitucional libre”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de diez años de prisión contra la expresidenta interina y ordenó su “inmediata liberación” por el proceso conocido como ‘golpe de Estado II’, relacionado con la crisis política de 2019.
En la revisión de la sentencia, solicitada por la defensa de la exmandataria, los magistrados determinaron que hubo “vulneraciones al ordenamiento legal vigente” que afectaron “el debido proceso” y “sus derechos”.
Áñez fue detenida en marzo de 2021, acusada de terrorismo, sedición y conspiración en el caso denominado ‘golpe de Estado I’, a partir de la denuncia presentada por una exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Sin embargo, la condena de diez años de prisión se dictó a mediados de 2023 por el proceso ‘golpe de Estado II’, que estableció que la exgobernante interina se situó ilegalmente en la línea de sucesión constitucional.
La entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la Presidencia de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) en noviembre de 2019 y la dimisión de otras autoridades que también formaban parte de la cadena de sucesión.
En ese momento, Morales denunció ser víctima de un “golpe de Estado”, una versión que también mantuvo el Gobierno saliente de Luis Arce, luego de varios días de protestas en el país por denuncias de fraude electoral a su favor en los comicios fallidos de 2019.
Áñez también fue procesada por otros actos y decisiones durante su mandato, entre ellos la muerte de una veintena de civiles en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, inicialmente por la vía ordinaria, aunque ella insistió en enfrentar esos casos en un juicio de responsabilidades.
Hace unos meses, los procesos contra la exmandataria de transición fueron retirados de la jurisdicción ordinaria para que pasen al Tribunal Supremo de Justicia, instancia que deberá decidir su continuación en un juicio de responsabilidades.
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