El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país ha “eliminado” un total de tres embarcaciones frente a Venezuela, en el marco del despliegue militar en el Caribe sur. La declaración llega un día después de que confirmara un segundo ataque estadounidense contra lanchas acusadas de traficar droga en aguas internacionales.
“De hecho eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero vieron dos”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca, antes de partir hacia el Reino Unido en visita oficial. Consultado sobre el mensaje hacia el presidente venezolano Nicolás Maduro, respondió: “Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”.
Washington no precisó la ubicación ni la fecha exacta de este tercer ataque. El primero, registrado el 2 de septiembre, dejó once muertos, según el propio Trump. El segundo, difundido en la red Truth Social, mostró un video de una lancha venezolana explotando en alta mar, hecho que dejó tres supuestos “narcoterroristas” muertos. Además, buques estadounidenses interceptaron un barco atunero de bandera venezolana durante el fin de semana.
Las acciones han generado tensiones regionales. Venezuela movilizó cazas militares, mientras que Estados Unidos respondió desplegando aviones F-35 en Puerto Rico. En una conferencia de prensa, Nicolás Maduro denunció una “agresión en curso de carácter militar” y advirtió que Venezuela ejercerá su “derecho legítimo a defenderse”. También rechazó las acusaciones de narcotráfico, asegurando que la cocaína destinada a EE.UU. transita principalmente por Ecuador y el Pacífico.
En paralelo, expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuestionaron los ataques estadounidenses, calificándolos como contrarios al derecho internacional. “El derecho internacional no permite que los gobiernos asesinen a presuntos traficantes de drogas”, señalaron en un comunicado firmado por Ben Saul, Morris Tidball-Binz y George Katrougalos, especialistas en terrorismo, ejecuciones extrajudiciales y derecho internacional.
El gobierno de Trump defiende la legalidad de estas acciones bajo la legislación antiterrorista aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, insistiendo en que los ataques se producen en aguas internacionales. Sin embargo, la polémica crece ante lo que varios países consideran una escalada de alto riesgo en el Caribe.
