Estuve ayer en la 63° CADE Ejecutivos, en San Borja, en la sesión denominada “Seguridad jurídica y justicia para los peruanos. ¿Para cuándo?”, en que los abogados Humberto Abanto, Aníbal Quiroga y Natale Amprimo hicieron un duro, pero muy real y lúcido diagnóstico de la severa crisis que atraviesan tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, lo cual, como indicaron, no es solo un problema de abogados, pues la ausencia de seguridad jurídica debilita la confianza, frena la inversión y perpetúa la desigualdad.
Amprimo tocó un tema que es fundamental, que es la necesidad de atraer a los mejores abogados de las más prestigiosas universidades del país, para que que sean jueces y fiscales, lo cual es casi imposible hoy no tanto por que los sueldos sean bajos –que no lo son tanto–, sino porque es difícil que entidades tan venidas a menos como el Ministerio Público o el Poder Judicial, gobernadas por autoridades que en su mayoría deberían irse a sus casas, despierten el interés en los jóvenes más capaces de derecho.
Dijo que así como los mejores economistas del país con vocación de servidores públicos aspiran a trabajar en el Banco Central de Reserva (BCR), que tiene como guía a su destacado presidente Julio Velarde, lo mismo debería suceder con el Ministerio Público y el Poder Judicial, claro, desde el momento en que sus cabezas actuales y muchos otros salgan a través de la tan esperada reforma, para dar paso a gente de prestigio y valía profesional que guíe las instituciones por el buen camino a fin de hacerlas realmente respetables.
Por su parte, Abanto planteó empezar por reformar las leyes orgánicas del Ministerio Público y el Poder Judicial, para lo cual se necesitan solo 66 votos en el Congreso, antes de pensar en modificar la Constitución, que requiere inalcanzables 87 adhesiones; mientras que Quiroga criticó la provisionalidad de los jueces, incluyendo a la mayoría de vocales de la Corte Suprema de Justicia, lo cual les quita autonomía porque si no gustan a sus jefes pueden ser cambiados, y resta calidad al sistema al no haber pasado estos por las evaluaciones exigidas.
El panel ha hecho un gran diagnóstico y lanzado muy buenas ideas, que ojalá sean recogidas por quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar un sistema de justicia que a todo nivel, deja mucho que desear. Veamos lo que ha pasado con Betssy Chávez, con la suspendida fiscal Elizabeth Peralta –a la que liberaron y días después devolvieron a prisión–, con la injerencia judicial en el calendario electoral, con los excesos de Domingo Pérez y con la bochornosa situación que se vive en la Junta de Fiscales Supremos. Reforma urgente.
