La semana ha cerrado con la condena de dos expresidentes. Uno ha sido sentenciado a 14 años de prisión efectiva por cohecho pasivo propio, al haber cobrado sobornos de constructoras cuando era gobernador regional de Moquegua. Cabe imaginar la magnitud de la corrupción que pudo haber gestado como presidente, un tema que aún está por investigarse. Por su parte, Castillo fue condenado a 11 años por el delito de conspiración tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 —que no es poca cosa—.
Como es lógico, ambos apelarán el fallo y cumplirán la prisión efectiva en el penal de Barbadillo, sumándose a Toledo y Humala. Sin embargo, el problema mayor radica en que ambos están preparados para participar activamente en el próximo proceso electoral. En efecto, “el Lagarto” ha tejido una telaraña político-partidaria para endosar su capital a su desconocido hermano. Mediante malas prácticas, pretende confundir a la ciudadanía, haciéndoles creer que si votan por su hermano, en el fondo, están votando por él.
“El Prosor” seguirá el mismo camino; ya lo demostró el día de la lectura preliminar de su sentencia al exhibir ante las cámaras el símbolo de su partido. Vale decir, nuestro sistema es tan frágil que permitirá a dos inhabilitados para ejercer cargos públicos participar de forma efectiva en el proceso electoral, sin tener mecanismos para defenderse de ello.
Con el apoyo de encuestadoras y algunos medios, estos personajes enturbiarán los comicios aduciendo que en el Perú existe persecución política; cuando lo que existe es una persecución del delito.
Nuestra institucionalidad hace aguas por todos lados. Esta vez, la crisis recaerá nuevamente sobre un endeble sistema electoral que, al ser permisivo con estas conductas, facilitará la distorsión del proceso y de la voluntad popular.
