El pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo deja una primera impresión favorable. Las materias planteadas apuntan a problemas estructurales que el Perú arrastra desde hace años y que afectan la competitividad, la inversión y la generación de empleo formal. Resulta positivo que se propongan medidas para combatir la inseguridad, simplificar trámites, reducir sobrecostos regulatorios, promover inversiones, impulsar la formalización y modernizar la gestión pública. Son reformas largamente postergadas y necesarias si queremos que la economía vuelva a crecer a tasas capaces de reducir la pobreza y generar oportunidades. Sin embargo, no todo va en la misma dirección. El anuncio de un incremento del salario mínimo y de duplicar Pensión 65 genera legítimas interrogantes. Toda política pública debería sustentarse en criterios técnicos, evaluar sus impactos y, sobre todo, contar con financiamiento permanente. Elevar los costos laborales sin considerar la productividad puede afectar el empleo formal que se busca promover. Ampliar el gasto social sin identificar fuentes de financiamiento compromete una sostenibilidad fiscal que ya viene debilitada. El reto del Gobierno será demostrar que las buenas intenciones estarán acompañadas de evidencia y responsabilidad. Si las facultades sirven para remover trabas, atraer inversión y fortalecer la institucionalidad, habrán valido la pena. Las resistencias no deberían sorprender. Algunos ya han comenzado a cuestionar, por ejemplo, las medidas orientadas a flexibilizar el mercado laboral. Si el Perú necesita un shock, es precisamente un shock laboral: un conjunto de reformas que haga posible un mercado laboral más flexible, más competitivo y, sobre todo, más formal.
