El manejo que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte está teniendo respecto a la prisión preventiva de Martín Vizcarra es digno del que se aplica a una chingana de barrio de tercera categoría, pues luego de haber defendido con uñas y dientes la viabilidad de su traslado al penal Ancón II, ayer fue devuelto a Barbadillo, lo que sin duda demuestra un manoseo nada técnico y muy político de esta situación que sin duda favorece a quien se jactaba de ser conocido con el alias de “Lagarto”.

Apenas el viernes último, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad que responde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de este gobierno, nos dijo a los peruanos que una junta técnica que emitía pronunciamientos que parecían escritos en piedra, había establecido que el impresentable de Vizcarra debía cumplir sus cinco meses de prisión preventiva en el penal de Ancón II, a pesar de que la lógica y la “tradición penitenciaria” nos decía que debía estar en Barbadillo junto a otros exmandatarios caídos en desgracia.

No había más discusión. Ancón II y punto. Pero ayer miércoles nos salen con que no, que ahora consideran que Vizcarra sí debe estar en Barbadillo, lo que deja en claro lo que se venía especulando: que acá hay mano política y “órdenes de arriba” que hacen que la cosa se mueva para acá o para allá, lo que victimiza y genera opinión a favor de quien está a poco de ser sentenciado por el cobro de presuntas coimas cuando era gobernador de la región Moquegua.

Lo cierto es que el proceso contra Vizcarra, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, se estaba llevando de una manera muy positiva. Un fiscal profesional y nada pegado al show ha logrado mostrar evidencias demoledoras contra el “Lagarto”, y más tarde el Poder Judicial aceptó encerrarlo de manera preventiva hasta que salga su sentencia, que a todas luces será condenatoria. Todo iba sin sobresaltos, hasta que el gobierno de Boluarte, a través del INPE, tuvo que meter la mano y politizar –o contaminar– el caso.

Para remate, este cambio de prisión ocurre mientras el Ministerio Público allana al hermanísimo Nicanor y embarra más al flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. Recordemos que incluso un día antes, el INPE había asegurado en un comunicado que Vizcarra estaba en un área “adecuada” de Ancón II. Entonces, ¿es acaso el traslado de Vizcarra una cortina de humo?, ¿una “jugada” política para tapar este nuevo escándalo? La respuesta es evidente.