Lo que ha dicho ante el Congreso el ministro del Interior, Carlos Malaver, en el sentido de que los estados de emergencia no han traído los resultados que todos hubiéramos querido en la lucha contra la criminalidad, en especial contra la extorsión, es algo que se veía venir desde que este gobierno se las quiso dar de firme y enérgico, y dio luz verde a esa declaratoria que implicaba la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, que ha sido desbordada por el hampa.
Es algo que se dijo desde un principio, pues el tipo de delito que cometen los extorsionadores que exigen plata a través de amenazas telefónicas o mensajes, no se combate con soldados parados en las esquinas provistos de armas que ni van a poder usar, ni con batidas ni operativos, pues los delincuentes actúan desde la tranquilidad de sus guaridas, desde otros países o incluso desde los penales donde es imposible poner orden debido al hacinamiento y la corrupción del mal personal del INPE.
Con este fracaso, es de esperarse que ciertos gobernadores y alcaldes dejen de engañar a los ciudadanos con el cuento de que todo se solucionará con las salida de las Fuerzas Armadas, los estados de emergencia o hasta los estados de sitio, como algún alucinado del norte del país ha planteado. También debe servir para que la presidenta Dina Boluarte, la del inservible “cuarto de guerra” y la del inviable penal El Frontón, se dé cuenta de cómo la engañan y la hacen patinar muchos de quienes la rodean en Palacio de Gobierno.
Queda claro que no hay estrategia alguna para hacer frente al principal problema que golpea a los peruanos como lo era el terrorismo hace más de 30 años. Toman medidas a ciegas, fracasan y todo vuelve a cero, mientras más vidas de peruanos inocentes se pierden, la economía de deteriora por el costo que genera la violencia y de paso se alienta a que en la campaña electoral que ya empezó, vayan surgiendo payasos que a cambio de votos dicen que todo se arregla con paredón o cadena perpetua hasta para los ladrones de celulares.
Lamentablemente es poco o nada lo que podrá hacer este gobierno débil hasta cuando se vaya dentro de diez meses. No hay la menor intención de trabajar realmente contra la criminalidad, más allá de medidas efectistas y los discursos altisonantes que dan, para que horas más tarde estén matando como si nada al chofer de una unidad de trasporte público porque no pagó cupos o poniendo un explosivo en una bodega cuyo propietario venía recibiendo amenazas. ¿Quién detiene todo esto?
