La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en un proceso disciplinario por desacatar la orden de reincorporar a la destituida fiscal suprema Patricia Benavides. Es una medida que, más que suspensión, sabe a destitución.
Todo indica que será la propia JNJ o el Congreso, a través de una casi segura inhabilitación, quien termine por removerla. Espinoza perdió el rumbo al dejar de lado su rol de garante de la legalidad y titular de la acción penal, para convertirse en una actora política enfrentada al poder de turno.
Es evidente que cualquier titular de un organismo autónomo o poder del Estado realiza política. Pero esa política debe responder a objetivos institucionales —articular con otros entes, buscar presupuesto— y no a convicciones ideológicas. Espinoza cruzó esa línea y, hasta el final, actuó políticamente. Su intento señalando como ilegal a Fuerza Popular es el mejor ejemplo: un gesto más simbólico que efectivo, que termina favoreciendo a quienes intenta combatir.
La caída de Delia Espinoza deja una lección clara: jueces y fiscales deben concentrarse en sus funciones, no en disputas propias de los políticos —que, por cierto, ya están en campaña.
Preocupa, además, la precariedad en la Junta de Fiscales Supremos: no contamos con reemplazantes aptos o libres de cuestionamientos. Urge que la JNJ actúe y asegure un Ministerio Público sólido, independiente y enfocado en lo esencial: enfrentar al crimen organizado y garantizar justicia.
