El ejercicio del periodismo en el Perú nunca fue fácil y, en los últimos años, informar se ha vuelto una tarea de alto riesgo. Los hombres y mujeres de prensa no solo se enfrentan a la precariedad y a las autoridades que creen que se niegan a dar cuentas de sus acciones sino también al crimen organizado.
En los últimos dos años, las agresiones a la prensa han alcanzado niveles históricos. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) documentó más de 640 ataques en ese periodo. Solo en 2024 se reportaron 392, la cifra más alta en lo que va del siglo XXI. Más del 29 % de esas agresiones provinieron de funcionarios públicos.
Y qué podemos esperar si la presidenta Dina Boluarte suma más de 200 días sin responder directamente a la prensa y su ministro favorito, Juan Santiváñez, se burló de la periodista Karla Ramírez cuando denunció la existencia de un plan en el Ministerio del Interior para acabar con su vida y amenaza con demandar a cuanto periodista lo investigue.
Pero no olvidemos que este año dos periodistas fueron asesinados por sicarios, Raúl Célis, en Iquitos, y Gastón Medina, en Ica; ni que el pasado viernes, una unidad móvil de Exitosa fue atacada a balazos.
Los únicos beneficiados con una prensa bajo asedio son precisamente aquellos que la amenazan para que no pueda cumplir su deber. Las autoridades tienen mucho que responder.
