En una ceremonia por el Día de la Defensa Nacional, la presidenta Dina Boluarte aprovechó para hacer una defensa a su hermano Nicanor. Para ello, no dudó en arremeter contra el Ministerio Público, al que acusó de fabricar pruebas y de armar carpetas fiscales “impunemente”, en clara referencia al Operativo Ítalo, que involucra además al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y a la empresa minera El Dorado, de Ayacucho.
La vehemencia de la mandataria es notaria. En lugar de garantizar y respetar la independencia de los órganos de justicia, y de cuestionarlos en los ámbitos pertinentes, los descalifican públicamente, debilitando la confianza ciudadana en instituciones que, con todas sus limitaciones, siguen siendo pilares de un Estado democrático. Peor aún, pretende sentenciar la inocencia de su hermano y deslegitimar toda investigación en curso, como si la palabra presidencial estuviera por encima de la ley.
Boluarte debería recordar que la democracia no se construye con discursos de lealtad familiar ni con ataques al sistema de justicia, sino con el respeto a la separación de poderes. En un país donde la corrupción ha erosionado la credibilidad de las autoridades, cuestionar sin pruebas a las entidades encargadas de investigar y sancionar es un acto irresponsable que erosiona aún más el ya debilitado tejido institucional.
Si la presidenta está convencida de la inocencia de su hermano, deberá permitir que sean las investigaciones las que lo determinen.
