La participación del Estado en la vida de los peruanos debe ser mínima y en casos excepcionales como la salud, educación, trabajo y otros sectores productivos; pero, no considero óptimo que obligue a los ciudadanos a aportar para su jubilación, como lo ordena la reforma del sistema de pensiones, que incluye a los trabajadores independientes para que se les descuente y pasen “voluntariamente” a la ONP o AFP.
El argumento es que no quieren que los adultos mayores, que no aportaron a su jubilación o sin trabajo, sean una carga para el Estado. Es una teoría apoyada por el Banco Central de Reserva (BCR), que remarca los 2.3 millones de personas que se quedaron sin fondos tras los siete retiros de las AFP. Pero eso es infundir miedo, como si los peruanos fueran unos inútiles a quienes se les debe guiar como borregos para que puedan sobrevivir.
Los aportes a un sistema de jubilación deben ser voluntarios. El negocio de las aseguradoras, como cualquier otro, debería ser la conquista de nuevos clientes por sus buenos resultados. Nadie está obligado a ahorrar ni a endeudarse, pero una gran mayoría utiliza el sistema financiero para vivir mejor. ¿Cuál es la diferencia con la ONP y AFP? Aún recuerdo cuando en plena pandemia, cuando aprobaron el primer retiro de las AFP, dijeron que el sistema iba a colapsar, que millones de peruanos se iban a quedar sin jubilación, que en pocos años el Perú se iba al demonio. Hubo seis más. Ahora se viene el octavo retiro y ya aprobaron la reforma, que le mete candado a las fugas de dinero de los aportantes. El tema impopular ya se puso en la agenda de la campaña presidencial, así que le han dado carne a los leones.
