Difícil de comprender cómo se maneja el Poder Ejecutivo que encabeza la presidenta Dina Boluarte, donde se nombra como ministro de Justicia y Derechos Humanos a Juan José Santiváñez, para que se quede poco más de un mes en el cargo y luego se vaya sin pena ni gloria para postular al Congreso, dejando atrás semanas de escándalos, enfrentamientos y más inestabilidad en una administración precaria que con esta situación está dejando más que claro que carece de rumbo.

Si desde hace tiempo sabían que el censurado Santiváñez tenía la legítima aspiración de postular para ser senador a partir del próximo año y que por eso debía renunciar a más tardar la próxima semana, por qué la presidenta lo nombró a fines de agosto último, más aún cuando el personaje ha sido y es protagonista de más de un escándalo y de investigaciones en el Ministerio Público, al que se niega a acudir al amparo de tinterilladas y jugaditas abogadiles.

Es más, el gobierno ha tenido que apurar la salida de Santiváñez del gabinete porque de haberse quedado, bien pudo haber sido censurado por el mismo Congreso que hace apenas seis meses lo mandó a su casa por su desastrosa gestión al frente del Ministerio del Interior. Como vemos, el hombre solo genera problemas y poco o nada aporta al país, pero allí está la jefa de Estado para ganarse ruido político al nombrarlo. Y así la mandataria se queja de su impopularidad.

Tranquilamente se pudo poner a otra persona a cargo del sector y dejar a Santiváñez en su oficina de Palacio de Gobierno hasta el día en que tenga que renunciar para poder postular. ¿Cuál era el interés de designarlo ministro por tan breve lapso?, ¿”desagraviarlo” tras haber sido censurado?, ¿provocar a los rivales políticos?, ¿vendernos el cuento de que es el gran artífice de la reconstrucción del penal El Frontón de la que ya nadie habla ni hablará porque la propuesta es inviable?, ¿darle visibilidad con miras a su campaña proselitista?

Justicia y Derechos Humanos es un sector que no puede estar con idas y venidas, improvisaciones ni politiquerías, especialmente cuando es el responsable de los penales, que en este momento, en la actual coyuntura marcada por la violencia, son parte del problema debido al hacinamiento y la falta de control que hace que muchas extorsiones y asesinatos se planeen desde dentro de las cárceles. Se necesita decisión, autoridad y orden, pero el Ejecutivo se esfuerza en ofrecer todo lo contrario al ciudadano.

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