Un inédito proyecto de ley promovido por la congresista Margot Palacios, pretende aprobar lo que ha denominado “reparación integral” y “registro único de víctimas” de las violentas manifestaciones que ocurrieron en “diciembre 2022 y marzo 2023”. Lo curioso es que la Constitución Política del Perú en su artículo 103 no permite las iniciativas legales con “nombre propio”, como parece ocurrir en esta oportunidad. El TC ha señalado en múltiple jurisprudencia que toda ley debe ser abstracta, general e impersonal y que una ley con “nombre propio” vulnera este principio porque regula un caso singular y específico en lugar de fijar reglas generales para toda la ciudadanía, de manera objetiva.

Si bien el derecho a la protesta está garantizado constitucionalmente dentro del acápite de “libertad de expresión”, ésta tiene límites y consecuencias, y resulta –francamente– un despropósito pretender una compensación económica por parte del Estado por ejercer voluntariamente esta decisión y/o por afrontar sus consecuencias.

El pseudoregistro único de “afectados” de este desaguisado proyecto de ley, señala en todos sus supuestos que las victimas mortales o heridas resultarían ser únicamente aquellas ocurridas por la “intervención de las fuerzas del orden” durante las protestas ocurridas en fechas especificas (diciembre 2022 y marzo 2023), ignorando a los caídos (y también víctimas) de las canteras de las Fuerzas Armadas, encargadas de garantizar el orden interno y la seguridad ciudadana. Pretender una indemnización económica además de una pensión mensual permanente equivalente a una RMV que el Estado (todos nosotros) deberíamos subvencionar por cada heredero (viuda, hijos, hermanos, padres, etc), a favor de unos y obviando a otros es una temeridad. Según la Defensoría del Pueblo entre diciembre 2022 y enero 2023, se registraron 49 manifestantes fallecidos, 11 no manifestantes y 7 miembros de las fuerzas del orden. Pero, ciertamente, para la congresista Palacios estas víctimas son “distintas” a las generadas –por ejemplo– en los gobiernos de PPK, Pedro Castillo, Manuel Merino o Francisco Sagasti. ¡Bellaca! diría mi abuela, y es que hay que ser muy bellaca para pretender aprobar una ley así.