Cada elección presidencial vuelve a poner sobre la mesa la vieja promesa de “más inversión para las regiones”. Pero el problema no es solo de recursos: es de gestión. No se trata de transferir más dinero, sino de reformar el Estado desde las regiones, fortaleciendo sus capacidades para planificar, ejecutar y sostener su desarrollo.
El Perú arrastra una brecha de infraestructura que supera los S/ 370 mil millones, según el MEF. Sin embargo, año tras año, los gobiernos regionales y locales devuelven recursos al Tesoro Público por no poder ejecutarlos. En 2023, el nivel de ejecución promedio apenas llegó al 67 %, y en algunos gobiernos subnacionales no superó el 50 %. Esto no se resuelve con más presupuesto, sino con un cambio profundo en la forma en que se gestiona.
Mientras Lima concentra talento técnico, instituciones sólidas y redes logísticas, la mayoría de regiones enfrenta una carencia estructural de cuadros profesionales, sistemas de información y asistencia técnica. La descentralización quedó incompleta: se transfirieron funciones, pero no se construyó capacidad institucional.
Reformar la gestión pública con las regiones en el centro significa crear verdaderos polos de decisión, fortalecer los equipos técnicos locales, implementar mecanismos de acompañamiento permanente y establecer metas de desempeño claras.
El próximo presidente no debería prometer simplemente más inversión, sino un nuevo pacto de gestión. Porque sin capacidades, cualquier transferencia es un espejismo. La verdadera transformación del país comenzará el día en que el Estado funcione con la misma eficacia en Huancavelica o Amazonas que en Lima. Esperamos que para las próximas elecciones los planes de gobierno presenten propuestas concretas y técnicas sobre esta situación que necesita ser abordada con urgencia. El Peru lo necesita.
