El 13 de octubre se cumple el plazo para que quienes ejercen un cargo público renuncien a este si desean postular en las elecciones generales de 2026. De esta forma, el calendario electoral avanza en sus plazos e ingresa, con premura, a las próximas etapas decisivas: elecciones primarias, presentación de candidatos, periodo de tachas, inscripción de candidaturas, etc.
En los próximos meses, la campaña empezará a calentar en un contexto complejo para el país. Uno de los principales problemas es, sin duda, el crimen que se distribuye por todos los ámbitos y las economías ilegales que, sin duda, buscarán, a como dé lugar, financiar a candidatos que puedan ser, más adelante, afines a sus intereses.
El financiamiento, pues, de las campañas electorales, en los dos niveles fundamentales, de planchas presidenciales y congresistas, debe ser escrupulosamente auditado y revisado por los organismos competentes, entre ellos, el principal, el Jurado Nacional de Elecciones.
Pero el JNE no será el único. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Ministerio Público, el Poder Judicial y hasta la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) deben cumplir un riguroso rol supervisor, más intenso y elaborado que en cualquier otra elección anterior.
Este proceso ya lo vivió México, donde las mafias del narcotráfico colocan y sacan autoridades por su desmesurado poder corruptor al que se alinean candidatos lumpenescos, gente siniestra y vil dispuesta a todo con tal de llegar al poder. Ojo con los mineros ilegales, los cultivadores de hoja de coca, los carteles de droga, los contrabandistas y, como no, los extorsionadores. ¿Hay un plan para detectarlos? ¿Hay una legislación para expectorarlos de la contienda electoral? Mucho de la viabilidad del próximo quinquenio se decidirá en la campaña electoral. Estemos atentos.
