En el Perú, la seguridad jurídica es un “lujo” y lo es porque el propio Estado es el que se encarga de vulnerarlo y destruirlo, y el resultado es siempre perverso. Un ejemplo dramático y cada vez mas frecuente ocurre cuando una entidad pública pierde un procedimiento administrativo ante un organismo especializado (Tribunal Fiscal, Indecopi, organismos reguladores, etc) y en lugar de acatar la resolución, decide judicializarla. En otras palabras: El Estado decide demandarse a sí mismo, pero, por supuesto, ¡con los recursos de todos los ciudadanos!
En un país con instituciones frágiles como el nuestro, la seguridad jurídica debería ser un principio sagrado. Así, lo que debería ser el término de una disputa entre un administrado y el Estado, se transforma en un conflicto interminable, donde la autoridad pierde su propia autoridad, el ciudadano pierde confianza y todos pierden en sinfonía conjunta, dinero y tiempo.
La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo, decía Platón y este es un caso muy ilustrativo al respecto. La posibilidad de judicializar sentencias desfavorables parece funcionar como un seguro de impunidad para los funcionarios públicos. Si un área del Estado actúa arbitrariamente y es sancionada, basta con apelar al Poder Judicial para dilatar el caso y descargar responsabilidades. La señal es clara: no importa cuan equivocada o abusiva sea una decisión administrativa, siempre queda la salida del litigio de por vida.
La solución a este nudo kafkiano debería ser clara: limitar legalmente la posibilidad que las entidades estatales judicialicen resoluciones administrativas en su contra, salvo casos extraordinarios y muy puntuales, como podría ser la vulneración de algún principio constitucional o la nulidad absoluta por alguna causal clara. Solo así se podrá recuperar la autoridad de los organismos especializados y evitar el abuso estatal, el despilfarro de recursos públicos y reconstruir la fe en un Estado que hoy parece más interesado en protegerse a si mismo que en servir al país.
