La noche del pasado jueves, la ciudad de Trujillo volvió a ser víctima de la criminalidad. Por enésima vez, delincuentes –que según las primeras investigaciones estarían vinculados a la minería ilegal– escalaron la batalla sin fin que libran por territorio y los más afectados, como siempre, son los ciudadanos que quedan en medio del fuego cruzado o, como esa noche, son alcanzados por la onda expansiva de explosivos que se pueden conseguir no solo por la inacción del Congreso y el Ejecutivo sino con su complicidad.
Como en el ataque a la Fiscalía, desde el gobernador regional, César Acuña, pasando por congresistas, jefes policía y ministros, todos saldrán a dar explicaciones, presentarán un par de detenidos, dirán que están trabajando para garantizar la seguridad de la ciudadanía y que es un hecho aislado, pero lo único que dejan es la certeza que todos han elegido mirar a otro lado.
Cada vez que el Ejecutivo posterga decisiones o que el Congreso bloquea reformas o da leyes que horadan la lucha contra la delincuencia, el mensaje es claro: las economías ilegales no se tocan. Y cuando se las toca, es apenas para negociar treguas o pactar mesas de trabajo que nunca cambian nada. Prefieren salvar sus curules y asegurar su permanencia en Palacio y mantener sus fajines o sus partidos políticos antes que enfrentar a quienes destruyen comunidades y vidas. La ciudadanía está desamparada ante la criminalidad organizada y las autoridades, en su gran mayoría, son cómplices de ella.
