Los presuntos hechos de corrupción bajo los cuales se habrían entregado en concesión –y que se encuentran judicializadas– más los incumplimientos de contar con vías alternas y la incapacidad de encontrar un punto medio entre todos los sectores involucrados, hacen que la suspensión del cobro de peajes en Lima sea una medida saludada por miles de ciudadanos que se veían obligados a pagar para poder circular dentro de la capital.
El problema es que, si bien estas medidas son aclamadas en el frente interno, la imagen que se da para afuera es que el Perú es un país que no puede dar certezas a los inversionista, donde campea la inseguridad jurídica y, por ende, nos vuelve menos atractivo para los capitales extranjeros.
No solo eso. Las empresas afectadas por las suspensiones de cobros de peajes van a demandar al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y lo que no se pagará en peajes lo pagaremos todos los peruanos en indemnizaciones porque la demanda no va a ser a la Municipalidad Metropolitana de Lima ni la de Santa María o el mismo Poder Judicial.
El demandado por incumplir sus contratos será el Estado peruano, y la pérdida será asumida por todos nosotros a través del pago de impuestos. Un tiro por la culata.
